"El mensaje del Congreso es claro: la vivienda es un negocio, no un derecho. Y están dispuestos a defender ese negocio aunque el coste sean 60.000 sentencias de desalojo y un invierno de muertes en la calle", aseguró el Sindicato de Inquilinas en una nota de prensa.

Asimismo, lamentó que la derecha parlamentaria se posicione "abiertamente del lado del rentismo", eligiendo "reforzar el negocio de la patronal inmobiliaria en vez de ampliar medidas ante el mayor problema social de la población". "Es especialmente grave el voto de Junts, teniendo en cuenta que Cataluña es la región que lidera el número de desahucios en todo el Estado. Su voto en contra de la renovación de esta moratoria deja claro que actúan como secuaces de la patronal inmobiliaria y de los grandes propietarios", aseveró.

CRÍTICA AL GOBIERNO

Por otra parte, desde el Sindicato de Inquilinas también afearon al Gobierno su "incapacidad" para aprobar medidas "contundentes y reales" que ayuden a los que viven de alquiler y pidieron medidas para paralizar tanto estos 60.000 desahucios como para los que pueden venir tras el millón y medio de contratos de alquiler que finalizan en 2026.

Para el Sindicato, el Gobierno, en lugar de impulsar políticas "contundentes y firmes" contra el negocio de la vivienda, continúa "evitando lo urgente". En concreto, lamentaron que en vez de decretar alquileres indefinidos o, como mínimo, una prórroga obligatoria para los más de 600.000 contratos que caducan este año, prefiera anunciar "nuevos privilegios fiscales" para los caseros, en referencia al anuncio realizado a principios por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de bonificar el 100% del IRPF a los caseros que no suban el precio del alquiler cuando finalice el nuevo contrato.

Por último, el Sindicato aseguró que este miércoles saldrán a las calles para forzar medidas urgentes que garanticen que "nadie sea expulsado de su casa".

"Es necesario recuperar la moratoria de desahucios y prorrogar de forma obligatoria todos los contratos de alquiler, además de aprobar la reforma de la Ley de Arrendamientos prevista en el Congreso para regular los alquileres temporales y de habitaciones y acabar con las estafas inmobiliarias. La única forma de acabar definitivamente con todos los desahucios es garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Hace falta bajar los precios del alquiler, dar estabilidad a los inquilinos, recuperar las viviendas turísticas y vacías, sacar los pisos de las manos de los fondos buitre y grandes tenedores y poner fin a las cláusulas abusivas y las estafas inmobiliarias", sentenció.