Según los sindicatos, el borrador pactado para desbloquear la ley 13 meses después de su aprobación en el Consejo de Ministros permitirá que el alquiler siga subiendo a través de a través de distintos “agujeros”.

En primer lugar, denunciaron que se podrá “esquivar” la regulación “muy fácilmente”, ya que, aunque los nuevos contratos de alquiler de pisos de pequeños propietarios en zonas tensionadas tendrán que referenciarse al último contrato, los sindicatos apuntaron que “se podría subir el precio haciéndolo pasar como gastos de IBI” y sería “muy fácil” ocultar información sobre el precio y las condiciones del contrato anterior.

Con esta propuesta, una de las principales novedades acordadas entre los grupos parlamentarios, los sindicatos aseguran que se crea un “incentivo peligroso”, pues los propietarios podrían expulsar a los inquilinos actuales para subir el precio a un nuevo inquilino que tendrá “muy difícil comprobar cuál era el precio del anterior contrato y si incluía gastos adicionales o no”.

Asimismo, apuntaron que la posibilidad de subir la renta hasta un 10% si se alegan reformas posibilitaría que en Madrid o en Barcelona “cualquier cambio presentado como una mejora de la accesibilidad, por pequeña que sea, como una rampa o un video-interfono, implicaría una subida adicional de 1.300 euros anuales”.

Otra de las principales críticas es la falta de medidas para regular los contratos de temporada. Según los sindicatos, el casero que quiera “saltarse la regulación solo tiene que poner su piso en alquiler de temporada”, como “ya está pasando ahora mismo”.

La nueva norma limitará de manera permanente las subidas anuales en la revisión de los contratos en un 2% este año, un 3% para 2024 y, a partir de 2025, con un nuevo índice que deberá elaborar el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los sindicatos, se deja la “puerta abierta a que dentro de dos años puedan volver a hacerse subidas totalmente desproporcionadas vinculadas al IPC”, aunque ERC y Bildu han asegurado que el nuevo índice se situará por debajo.

Además, denunciaron que todas las medidas propuestas no serán “efectivas” sin un régimen sancionador y un “reconocimiento de los sindicatos” y tampoco son “ninguna solución” para personas que esperan un desahucio.

Para los sindicatos de inquilinos, el único punto “realmente positivo” de la ley es la obligación de que los caseros pagarán los honorarios de las inmobiliarias. “Acaba con la estafa millonaria que permite a las inmobiliarias cobrar a los inquilinos por un servicio que dan a los caseros”, señalaron.