En un comunicado, CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess aseguraron que “se han cumplido todos los plazos requeridos por los ministerios implicados en el refuerzo de esta institución” y lamentaron que “esta generosidad y holgura” en el tiempo concedido “solo ha servido para acentuar los problemas existentes y hacer más compleja la solución necesaria”.

Los sindicatos criticaron que “se ha desperdiciado más del 20% del presupuesto” recogido el pasado año para la Inspección de Trabajo por quedarse sin ejecutar, lo que ha llevado al organismo a obtener “la peor ratio de su historia en lo que a ejecución presupuestaria se refiere” y a desaprovechar “una oportunidad singular para dotar de cuerpo las medidas comprometidas en el acuerdo de julio de 2021.”

Asimismo, cargaron contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, indicando que “es difícil escapar de calificar” sus afirmaciones recientes pues, en su opinión, “no cabe apuntar como responsable en exclusiva” al Ministerio de Hacienda y Función Pública y “desembarazarse, con semejante ligereza, de la acción de gobierno que le toca realizar”.

No obstante, la mayor crítica se dirige al departamento dirigido por María Jesús Montero, cuya actitud calificaron de “sangrante” en tanto en cuanto “ni siquiera se siente aludido”, cuando es ¡responsable del bloqueo del acuerdo y cuando el deterioro de la Inspección “roza niveles peligrosos que pueden poner en cuestión la capacidad de respuesta del mismo”.

Para los sindicatos, existe un “doble rasero” entre lo que dice el Gobierno, que profundiza en “poner en valor el trabajo realizado desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” y anuncia “nuevas medidas y actuaciones que ineludiblemente conllevan mayor presión sobre la debilitada estructura de este organismo”, y lo que hace, ya que simultáneamente “no es capaz de dar un solo paso que permita reforzar y asegurar la capacidad de la institución a la hora de responder, con calidad, a cada uno de los retos que recaen sobre ella”.

“Si lo que se pretende es dinamitar un organismo fundamental en lo que a mercado de trabajo se refiere, en lo que afecta a construir una sociedad y unas relaciones laborales compatibles y acordes con un Estado democrático, entonces debemos afirmar que se está acertando”, subrayaron.

El paro del próximo del 25 de enero será el próximo “paso” en la protesta, avanzando que darán “cuantos sean necesarios hasta conseguir revertir la situación que se sufre en el organismo.