Para el día 17 de marzo están citados Luis A.Gutiérrez, ex jefe del departamento de Recursos Laborales de Sintel; Vicente Carretero García, el último director de Recursos Humanos de la citada sociedad y, en su momento, administrador único de la misma; el auditor José A. Rodríguez Gil, y la abogda Soledad Bello García.

El 24 de marzo deberán declarar ante el magistrado Juan Carlos Casarrubios, ex director comercial de Sintel; Julio Bayona, ex director de Producción; José María García, en su momento representante de Retevisión; Noel Navarro y José María García Mon Benayas.

El lunes siguiente, 31 de marzo, declararán José María Casas, ex secretario del Consejo de Administración; José Luis Ucieda, ex presidente de Sintel; José Casamayor y Pedro López Valdeolivas, ex administradores solidaros que en su día presentaron la solicitud de suspensión de pagos de la citada sociedad.

En este caso han declarado ya Juan Miguel Antoñanzas, Juan Antonio Casanova y Pedro Novela, que fueron consejeros de Sintel entre 1997 y 2000.

Pedro Novela, tras señalar que no pertenecía al consejo de administración y que tampoco tomaba decisiones importantes, aseguró en su día al juez que él sólo obedecía órdenes del entonces consejero Juan Antonio Casanova.

A su vez, Casanova aseguró al magistrado RuizPolanco que él ejecutaba lo que le pedían Jorge y Juan Carlos Mas Santos, herederos del empresario anticastrista Jorge Mas Canosa, a quien Telefónica vendió Sintel por más de 4.000 millones de pesetas.

Por su parte, Juan Miguel Antoñanzas, dijo al juez que la familia Mas Canosa tomaba las decisiones de Sintel de forma unilateral y en el Consejo de Administración sólo se hablaba de "temas menores y de trámite".

La investigación que instruye Ruiz Polanco está relacionada con la querella que la Fisclía Anticorrupción presentó contra la familia del empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa por un presunto delito de insolvencia punible.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción nació de la denuncia que los propios trabajadores de Sintel presentaron ante el departamento de Carlos Jiménez Villarejo pocos días después de instalar, el 29 de enero del año 2001, un campamento en el Paseo de la Castellana para protestar por su situación laboral, que mantuvieron durante más de medio año.

La inestigación que instruye el juez Guillermo Ruiz Polanco gira en torno a la quiebra de la empresa, que en 1996 fue vendida por Telefónica al empresario cubano Jorge Mas Canosa, cuyos herederos la revendieron a Carlos Gil, en una operación en la que intervinieron sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.