Según se indica en el documento, “en determinadas provincias (Cádiz, Albacete, Girona y Córdoba), se ha señalado que, en casos de víctimas con adicciones, discapacidades u otras circunstancias de vulnerabilidad, la valoración policial de riesgo refleja niveles de riesgo ‘no apreciado o ‘bajo’, lo que ha conllevado la denegación de órdenes de protección que posteriormente se han mostrado necesarias”.

En Cádiz, explica en el informe, se reclama específicamente “una mejor coordinación entre evaluación policial y judicial para garantizar una protección efectiva”.

DIFERENCIAS TERRITORIALES

En términos generales, “el nivel de riesgo determinado en la valoración policial compromete la adopción de medidas cautelares, particularmente la instalación de dispositivos telemáticos.

En provincias como Segovia, Valladolid o Salamanca, se sigue el criterio de solicitar pulsera electrónica cuando la valoración policial indica riesgo medio con especial relevancia, alto o extremo. No obstante, en otros territorios se advierte una aplicación restrictiva de estas medidas, incluso cuando la fiscalía ha solicitado expresamente su adopción (como se recoge en Valencia)”, detalla la Memoria.

Ante esta circunstancia, los órganos judiciales reclaman medidas y proponen que se refuerce "la formación policial en perspectiva de género y victimología, la integración de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) en los momentos iniciales del procedimiento, una mejor coordinación entre operadores y la revisión técnica de los criterios de la valoración policial de riesgo para adecuarlos a los casos de víctimas especialmente vulnerables”.