Así lo confirmó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la cuarta y última reunión negociadora del SMI de 2026, quien destacó que “no hemos podido incorporar a la patronal” como hubiera sido deseable y pese a que se ha negociado sin descanso. “Finalmente, no ha sido posible”, añadió.

La patronal sugirió un aumento del SMI del 1,5%, aunque templó su posición cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se abrió a abordar con Hacienda la reforma de la ley de desindexación, a fin de que las empresas afectadas por el SMI con contratos con el sector público puedan repercutir el aumento de este coste cuando se eleva el SMI.

Hacienda no accedió y, a cambio, diseñó esta semana unos incentivos fiscales para empresas que se comprometieran a no despedir y aumentaran la plantilla que cobraba por encima de esta retribución mínima. Pero la patronal desdeñó la medida y acusó al Gobierno de “trilerismo”, mientras su vicepresidente, Lorenzo Amor, tachó la propuesta de “chiste”, pues no se asemeja a la demanda de reformar la ley de desindexación.

El secretario de Estado reconoció que la opción favorita del Ministerio de Trabajo era la modificación de la ley de desindexación, si bien puso en valor el acuerdo alcanzado con Hacienda para ofrecer incentivos a la patronal.

También exhortó a la patronal a explicar internamente por qué se oponen a medidas que pueden beneficiar a las empresas y aseguró que las deducciones fiscales se quedarán sin aprobar, ya que era un incentivo si la CEOE se avenía a un pacto.

ABSORCIÓN DE PLUSES

La subida del SMI, pese a que verá la luz en unas dos semanas en Consejo de Ministros, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. Tras ello, Pérez Rey confirmó que se va a reformar la regulación de este indicador en España para que no se puedan absorber determinados pluses cuando un sueldo se ve alcanzado por el SMI.

Y es que, el objetivo, según el secretario de Estado, es que la norma vea la luz a través de un reglamento, lo que significaría que no necesitaría votación parlamentaria. CEOE y Cepyme se oponen en fondo y forma a esta acción y avisan de acciones legales si no se lleva al Congreso de los Diputados.

“Se trata de que las subidas del SMI lleguen realmente al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras”, apuntó Pérez Rey, quien se mostró sabedor de que la patronal se opone a la medida y a que pueda hacerse sin pasar por el Parlamento. Recordó que la CEOE ya ha dicho más veces que no se pueden adoptar determinadas acciones vía reglamento, pero apuntó que casi nunca han encontrado amparo legal en los tribunales.

SINDICATOS

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, abrió fuego contra el Gobierno y habló de “sainete” con la falta de concreción de los incentivos fiscales, ya que Pérez Rey los planteó el lunes y no se conocieron hasta este miércoles por la tarde.

Y de “incomodidad” e “indignación” por “el sainete que se ha producido esta semana” habló el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, quien exigió al Gobierno que “no se vuelva a repetir”.

Tras ello, el representante de CCOO cargó contra la patronal por no aceptar la subida del SMI y subrayó que los sindicatos ya han aceptado cesiones, así como el Estado, que vuelve a elevar el mínimo de renta exento para que el SMI no pague IRPF con la revalorización de este año. En su opinión, esta es una forma de renunciar a ingresos. “Parece que no les es suficiente”, se quejó Pacheco dirigiéndose a la CEOE, quien recordó que el SMI no es un “salario suficiente”, sino de “subsistencia”. Asimismo, afeó que la patronal acepte subidas salariales superiores en los convenios colectivos de las que admite para el SMI, pese a que son las retribuciones de quienes menos ganan.

En esta línea, Luján manifestó que el SMI todavía no está en el 60% del salario medio en España, aunque dio por bueno el pacto, ya que sirve para aproximarse más. A renglón seguido, se refirió a la reforma que prepara el Gobierno para impedir que haya pluses que se absorban con los aumentos del SMI.

Al respecto, sostuvo que es muy necesario ese cambio, dado que no es “aceptable” que se recorten pluses como el de peligrosidad. “Es injusto”, enfatizó Luján, quien expuso que castiga sobre todo a las mujeres y a los empleos más precarios. Además, indicó que no hay “ninguna duda” de que tiene encaje legal aprobar esta reforma vía reglamento, sin pasar por el Parlamento.

Finalmente, Luján criticó que, en el Congreso, Junts, PP y Vox tumbaran esta semana el decreto ‘ómnibus’, que incluía medidas como la revalorización de las pensiones, pero también la prórroga de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables en alquiler, extremo en el que apoyaron estos partidos y UPN su ‘no’ al texto.