Las entidades firmantes del ‘Decálogo Alzheimer: Diez Compromisos por el RECUERDO’, alertaron de que el sistema sanitario "debe adaptarse con urgencia ante la llegada de nuevas terapias". Subrayaron que el alzhéimer constituye “uno de los principales retos estructurales del sistema sanitario y social en España”, con más de 800.000 personas afectadas y unos 40.000 nuevos casos cada año, y advierten de que las previsiones apuntan a que en 2050 podrían superarse los 1,5 millones de pacientes, lo que exige, a su juicio, “una respuesta de Estado a la altura de su magnitud”.

La incorporación de biomarcadores para el diagnóstico temprano y la aprobación de nuevos tratamientos abren “un escenario asistencial transformador que requiere planificación, reorganización de recursos y compromiso político sostenido”, por lo que es "imprescindible adaptar las estructuras del Sistema Nacional de Salud para garantizar el acceso equitativo a la innovación". Así lo advirtió Ceafa, junto a la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG), la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm), la Fundación CIEN y la Fundación Reina Sofía.

El decálogo presentado por estas entidades recoge diez medidas que consideran prioritarias, entre ellas la necesidad de “actualizar el Plan Integral de Alzheimer con financiación suficiente y estable, garantizando su implantación coordinada y equitativa en todo el territorio”, así como reforzar la investigación básica, clínica y traslacional para que los avances científicos lleguen a la práctica asistencial real. “Estamos ante un cambio de paradigma histórico. La ciencia está avanzando, pero el sistema está obsoleto. O adaptamos ya nuestras infraestructuras y presupuestos, o perderemos la oportunidad de cambiar la vida de millones de personas”, declaró el CEO de Ceafa, Jesús Rodrigo.

El documento también reclama que las decisiones sanitarias "se basen en datos precisos y comparables entre comunidades autónomas", con el fin de diseñar “una hoja de ruta nacional que guíe el cambio estructural”, y establece que la equidad territorial debe ser “un principio irrenunciable” en el acceso al diagnóstico, al tratamiento y a los recursos asistenciales. El objetivo, "garantizar que los pacientes lleguen a tiempo a las nuevas terapias".

Entre las medidas propuestas figura además la creación de unidades multidisciplinares específicas con “rutas clínicas claras y coordinadas desde la detección precoz hasta el seguimiento”, así como la elaboración de un registro nacional de pacientes que permita conocer la realidad del sistema y orientar las decisiones clínicas y de política sanitaria.

TRATAMIENTOS

Las sociedades científicas insistieron también en la necesidad de garantizar la financiación de los nuevos tratamientos para que “el acceso a la innovación terapéutica no dependa del lugar de residencia ni del hospital de referencia”, e incorporar las terapias no farmacológicas con evidencia demostrada dentro de la red pública como parte del tratamiento estándar de las demencias.

Reclamaron al tiempo "reforzar la formación continuada de los profesionales sanitarios y el apoyo a las familias y cuidadores", además de impulsar la coordinación entre administraciones, sociedades científicas y asociaciones de pacientes para "promover campañas de sensibilización, favorecer la detección precoz y reducir el estigma asociado a la enfermedad".

Las entidades firmantes anunciaron que el este documento será remitido al Ministerio de Sanidad, al Congreso de los Diputados y al Senado con el objetivo de que el alzhéimer sea considerado "una prioridad de Estado y se aborde con una estrategia común en todo el territorio".

Ceafa agrupa a más de 300 asociaciones de familiares y representa a más de 4,8 millones de personas que conviven en España con el alzhéimer y otras demencias, una enfermedad que supone "más del 60 % de la dependencia y genera un coste anual estimado de 35.000 millones de euros".