Sin embargo, Sogecable mantiene su criterio de que la solicitud de información deriva de una diferencia de criterio sobre el alcance de la operación.

Mientras la Comisión Europea considera que tiene jurisdicción sobre esta operación, por considerarla una "concentración comunitaria", la compañía española afirma que se trata de una "concentració nacional".

El director general de Sogecable, Pío Cabanillas, manifestó recientemente que la información solicitada responde a "un problema de jurisdicción, de quién decide, si las autoridades españolas o Bruselas, y nosotros creemos que es en el marco español donde se debe tratar este caso".

Sogecable ha rechazado en todo momento que esta petición sea consecuencia del recurso presentado por Antena 3 TV. "La queja de Antena 3 es un procedimiento completamente distinto y sobre el que no se ha pronnciado por ahora la Comisión", añadía Cabanillas, quien tambien negaba que suponga declarar ilegal la operación de concentración de Telefónica y Canal+ en el terreno de la televisión por cable.

"Hablamos de concentración de empresas, y algunas veces parece como que es algo que en sí mismo es malo", señala el directivo de la compañíaespañola."Pero es todo lo contrario algunas veces suele ser necesaria para desarrollar nuevos mercados, como es el caso del cable en España, que implican unas inversionesmuy grandes".

Según el criterio de la compañía española, el acuerdo entre Telefónica y Canal+ es nacional porque afecta únicamente a este mercado, el español, y en octubre así se inició el procedimiento pidiendo una autorización a las instituciones españolas.

Sin embargo, Bruselas cree que se trata de una concentración de dimensión comunitaria, porque puede afectar al comercio entre los distintos estados miembros, y ahora lo que hay que dilucidar es este problema de jurisdicción entre las autoriddes españolas y comunitarias.

La polémica mereció la intervención del responsable de medios de comunicación del PP, y actual secretario de Estado de Comunicaciones, Miguel Angel Rodríguez, según el cual la petición de nuevos informes por parte de la Comisión Europea demostraba ilegalidad.