Como ya hizo esta mañan con el consejero de Sogecable Gregorio Marañón, el magistrado tan sólo comunicó a Aranaz que debe estar a disposición del juzgado e informar si tiene intención de abandonar España, a pesar de que el fiscal del caso, Ignacio Gordillo, solicitó para ambos que compareciesen periódicamente en la Audiencia Nacional.

El magistrado, cuando admitió a trámite la querella contra Sogecable, presentado por Francisco Javier Sainz Moreno, había prohibido a Aranaz abandonar el territorio nacional sin su autorizació, medida que también aplicó al presidente de Sogecable, Jesús de Polanco, al consejero delegado, Juan Luis Cebrián, y al socio auditor de Arthur Andersen, José Antonio Rodríguez Gil, quien mañana declara ante el juez.

Durante la vista celebrada tras la declaración de Aranaz, Sainz Moreno, que ejerce la acción popular, solicitó la prisión incondicional sin fianza para el secretario general de la sociedad, mientras que el abogado del periodista Jesús Cacho, también personado como acción popular, no pidi ninguna medida cautelar.

Por su parte, el abogado Manuel Murillo, que ejerce la acusación particular, pidió la prisión eludible bajo una fianza que no cuantificó y denunció ante el juez el "acoso" a que los medios afines a Sogecable están sometiendo, a su juciio, tanto a los letrados de las acusaciones como al juez.

Por ello, Murillo justificó su petición de prisión bajo fianza para los consejeros y no descartó solicitar la incondicional para los responsables de Sogecable, con el fin de que no pedan entorpecer la acción de la justicia.

Durante su declaración, Aranaz insistió en la versión ofrecida por los consejeros que tanto ayer como hoy declararon ante el juez en el sentido de que el uso dado a las fianzas de los abonados de Canal+ fue legal y que dicho dinero no se utilizó para repartir los dividendos de la sociedad, sino que éstos procedieron de los beneficios.