Al término de la sesión vespertina de la "istilla", en la que las defensas de Polanco y de otros imputados en las diligencias se opusieron a cualquier medida cautelar, el juez dictó una providencia en la que señala que resolverá sobre la situación procesal penal de Polanco "a la mayor brevedad posible".

A su salida de la Audiencia Nacional, minutos antes de las 8 de la tarde, Polanco no quiso hacer declaraciones a los periodistas y señaló: "Yo no declaro", remitiendo a continuación a los informadores a los abogados de la acusación, diciendo: Estos señores, que tienen pico de oro".

El fiscal del 'caso Sogecable', Ignacio Gordillo, se opuso a la prisión para Jesús de Polanco, aunque dejó libertad de criterio al juez para que adopte otro tipo de medidas contra el máximo responsable del Grupo Prisa, incluida la imposición de una fianza para permanecer en libertad.

Según informaron fuentes judiciales, durante la "vistilla" Gordillo indicó que en cumplimiento de las órdenes dadas el 14 de mayo pasado por el anterior fiscal general, Juan Oriz Urculo, y ratificadas por el actual, Jesús Cardenal, se opone a la medida de prisión para Polanco dado que, a su juicio, no existen motivos para adoptar esa decisión.

Sin embargo, indicó que dejaba libertad de criterio al juzgado para adoptar otro tipo de medidas, entre ellas la imposición de una fianza o personaciones periódicas en el Audiencia Nacional, dado que, según explicó, esas medidas son de tipo real y no personal, que son las únicas a las que Cardenal le ha ordenado que se oponga.

Admás, de acuerdo con las citadas fuentes, el fiscal, que no pidió ninguna medida concreta, señaló que la adopción de alguna de esas medidas de carácter "real" sería congruente con los autos dictados por el magistrado contra otros imputados en estas diligencias que ya han declarado, como el socio auditor de Arthur Andersen, José Antonio Rodríguez Gil, para quien el juez decretó libertad eludible bajo fianza de 5 millones de pesetas y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.

En la orden el pasado mes de mayo, Ortiz Urculo indicaba que "no deduciéndose de lo hasta ahora actuado los presupuestos constitucionales y legales suficientes habilitantes para la adopción de medidas cautelares de carácter personal, por parte del ministerio fiscal no se solicitará medida alguna de tal naturaleza y se opondrá a las que puedan solicitar otras partes". Agregaba que si del contenido de las declaraciones o de otras diligencias "surgiesen nuevos elementos que pudieran afectar a la anterior consideración, dberá consultarse a esta fiscalía general para la modificación del criterio".

PREVARICACION

Esta orden del fiscal general provocó que varios de los abogados de la acusación, entre ellos Manuel Murillo, que ejerce la acusación particular en nombre de un grupo de abonados a Canal+, y José María Stampa Braun, que representa al periodista Jesús Cacho, solicitaran al juez que emprendiese acciones contra Cardenal por un presunto delito de prevaricación.

El abogado, a cuya petición se adhirieron otras cusaciones, indicó que, a su juicio, Cardenal pudo incurrir en el delito de prevariación por ordenar al fiscal del caso que no solicitase medidas cautelares contra los imputados en las diligencias, sin conocer el contenido de sus declaraciones.

Además, también pidió al juez que comunicase esa orden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que estudie si debe actuar de alguna forma en defensa del derecho, y al presidente de las Cortes, por si la decisión de Cardenal afecta "a la Constitucióna la seguridad jurídica del país", según declaró Murillo.

Durante la "vistilla", dos de las acusaciones solicitaron al juez que decretase la prisión incondicional para Polanco y que le impusiera fianzas por responsabilidad civil de 25.000 y 35.000 millones de pesetas, respectivamente.

Por su parte, Murillo y el abogado Francisco de Rojas, que también ejerce la acusación particular, pidieron para Polanco la prisión eludible bajo fianza de 1.000 millones de pesetas, así como otra fianza por responabilidad civil de 35.000 millones, de ella 25.000 para responder por la presunta apropiación de los depósitos de los abonados y 10.000 millones por no haber pagado el IVA.

Stampa Braun, por su lado, solicitó la libertad de Polanco bajo una fianza que, aunque no cuantificó, señaló que debería estar entre los 1.000 y los 25.000 millones de pesetas, así como la fijación de otra fianza por responsabilidad civil de 25.000 millones de pesetas.

Por su parte, las defensas pidieron la libertad total de Poanco, ya que según alegaron no ha existido ni falsedad ni apropiación indebida, al tiempo que defendieron la orden del fiscal general.