Así lo anunció el presidente de la Cámara Baja, José Bono, al término de la reunión de la Diputación Permanente, en la que Iniciativa per Catalunya retiró su petición de comparecencia de Zapatero y el Partido Popular vio cómo su solicitud sólo lograba el respaldo de Coalición Canaria.

Tal y como acordaron Gobierno e ICV, será el ministro de Economía y no el presidente del Gobierno quien acuda a sede parlamentaria para dar cuenta de las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación.

ICV había presentado una solicitud para que Zapatero compareciera en el Congreso, que contaba con el respaldo de todas las formaciones políticas, a excepción del PSOE.

Sin embargo, en el último momento la retiró después de haber pactado con el Ejecutivo que sea Solbes quien rinda cuentas en el Congreso y de arrancar un compromiso al Gobierno para que el nuevo modelo de financiación se cierre antes de tres meses.

El resto de los grupos parlamentarios se mostraron muy molestos por la actitud de ICV, ya que querían que Zapatero compareciera en el Congreso. Sin embargo, a la hora de la votación se opusieron a otra petición del Partido Popular que buscaba el mismo objetivo.

MAGDALENA ÁLVAREZ, ÚNICA EN COMPARECER

El PP no consiguió sacar adelante su petición de comparecencia de Zapatero. Tampoco otra de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, sobre la reforma de la Ley Electoral; ni de la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, sobre la Ley de Dependencia; ni del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sobre el incremento del paro.

La Diputación Permanente rechazó también las peticiones de comparecencia de la ministra de Defensa, Carme Machón, sobre el envío de una fragata a la costa de Somalia para proteger a los pescadores españoles; y de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, sobre la labor realizada por David Taguas al frente de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno.

No obstante, los grupos parlamentarios arrancaron el compromiso al PSOE para que la Comisión Constitucional se reúna el 5 de septiembre con el fin de iniciar el debate sobre una posible reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

El deseo de las formaciones políticas pasa por constituir una subcomisión que estudie la reforma de la Ley para, entre otras cosas, conseguir que los españoles residentes en el extranjero voten en el futuro mediante urna en los consulados en lugar de hacerlo por correo.

La única petición de comparecencia aprobada en la Diputación Permanente fue la de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, quien la próxima semana dará cuenta del nuevo sistema de control aeroportuario que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de agosto.

La solicitud fue aprobada por unanimidad en tres votaciones distintas, ya que había sido reclamada de distinta manera por PP, CiU, PNV, ERC, ICV y Grupo Mixto.