Solbes contestaba así a la petición de dos organizaciones agrarias (COAG y Jóvenes Agricultores) para que se inicie un proceso electoral en el medio rural para conocer la verdadera representatividad de las organizaciones agrarias.

"En sentido genérico no tiene sentido la convocatoria de elecciones sindicales generales, ya que la mayoría de los titulares agrarios son autónomos. No se nos puede achacar falta de democracia cuando no existen en ningún país europeo", afirmó Solbes.

Asiismo, el ministro rechazó también la convocatoria de un "Consejo agrario" que sustituya al actual acuerdo marco, como le solicitó ayer COAG, ya que consideró que esta idea "no está madura" y dijo que debería de ser una conclusión de una mesa abierta sobre este tema.

Solbes hizo hoy un repaso en el Congreso de los Diputados a su política agrícola más reciente a petición propia. Se refirió al proyecto de decreto de cese anticipado, que previsiblemente aprobará el Gobierno dentro de dos semanas, para decr que los agricultores que se acojan recibirán un 45 por ciento más que su renta actual.

En este sentido, el titular de Agricultura defendió su proyecto, que limita la jubilación a partir de una determinada dimensión económica, frente a las peticiones de una organización agraria (UPA) que pretende que se extienda a todos los agricultores.

Según Solbes, en la dimensión mínima propuesta (5 "udes") el valor añadido de la explotación al año sería de 675.000 pesetas, que con las deducciones de la Seguidad Social se quedarían en 521.000. La jubilación anticipada le otorgaría a ese agricultor hipotético 675.304 pesetas más 80.000 de renta por su explotación, es decir, 234.000 pesetas más que lo que recibía anteriormente (un 45 por ciento más).

Asimismo, también hizo referencia a la aplicación de las cuotas lácteas. En este caso, Solbes aclaró que el 30 por ciento de las reclamaciones realizadas por los ganaderos se deben a que estos consideran que no se les ha otorgado la cantidad que merecen por teer explotaciones antes de 1985 (sufren menores reducciones de cuota).

El ministro culpó a los propios ganaderos de esta situación, porque se ha producido por cambios de titularidad que no se comunicaron en su día, si bien reconoció que otro 20 por ciento de las reclamanciones existen "errores" en este cambio, y no especificó de quién es la responsabilidad. Además, consideró el 40 por ciento de los recursos como no justificados.

Sobre el endeudamiento que sufre el sector agrario, Solbes se mostró ontrario a realizar una ley de financiación de tipo genérico -otra de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias-, y dijo preferir el sistema actual en vigor, es decir, la subvención de créditos para la modernización de estructuras agrarias y para los de campaña.

"LAMENTABLE"

Respecto a la ley de modernización que ahora prepara el Ministerio, Solbes dijo que en un plazo inferior a un mes y medio será aprobada por el Consejo de Ministros, y consideró "lamentable" que se haya perdido más de u mes de trabajo, porque ninguna organización agraria contestara hasta ayer sobre el proyecto que se les presentó el 8 de febrero.

El ministro también dedicó parte de su exposición a explicar la nueva Política Pesquera Común (PPC). En este marco, consideró "discutible" el nuevo reglamento de control comunitario presentado [Bpor la presidencia danesa, que pretende que la CE realice el control de los recursos, en sustitución de las autoauditorías que ahora hacen los Estados miembros.

Según Solbes, ete reglamento afectaría al principio de subsidiariedad en los distintos foros comunitarios. La nueva PPC pretende adaptar la capacidad pesquera a los recursos actuales.