Esta ONG ha difundido una nota en la que destaca que "el reglamento precisa cosas, mejora algunas y empeora otras, pero el balance comparativo resulta en muchos aspectos negativo y en general decepcionante".

A su juicio, ese proyecto del PSOE "mantiene el espíritu de lo hecho por el PP, enfatiza aspectos en la eficacia tanto en el control de fronteras, como en la ejecución de expulsiones".

SOS Racismo califica de "positivo que se afronte la situación de explotación laboral que atraviesan casi un millón de personas", pero considera "jurídicamente inadmisible" que el empadronamiento sea la única prueba de estancia en España.

También destaca que la exigencia del certificado de antecedentes penales del país de origen "es una traba burocrática que va a dificultar el proceso".

Finalmente, SOS Racismo estima que "dejar la regularización únicamente en manos de los empleadores, sin contemplar otras situaciones diferentes a las laborales, no parece reflejar una verdadera apuesta por la integración social".