La formación que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, justificó su iniciativa por "la gravedad de los hechos que estamos conociendo en el caso Montoro, una trama de corrupción económica institucionalizada cuyo impacto apunta a ser de las más graves de la historia democrática de nuestro país".

Esta máxima gravedad radica, para Sumar, en el hecho de "implicar a la estructura de un Ministerio, el de Hacienda, en la obtención de favores para lobbies empresariales, incluido el cambio de leyes y de los Prespuestos Generales del Estado, a cambio de mordidas".

La eventual comisión de investigación parlamentaria tendría, según Sumar, tres objetivos. El primero, "conocer la verdad sobre lo sucedido y depurar responsabilidades políticas e institucionales".

En segundo lugar, la comisión trataría de "identificar el papel clave de los corruptores en esta trama, desde las grandes empresas gasísticas a Codere, más lo que puede seguir apareciendo". Por último, esta formación se propone "analizar los mecanismos de prevención necesarios para que este tipo de prácticas desaparezcan de la política española".

Sumar atestigua que ha "empezado ya a recabar los apoyos necesarios de otros grupos parlamentarios para poner en marcha esta comisión, que considera "un asunto básico de la salud democrática".