Martínez Barbero participó en una jornada sobre el registro horario organizada por el Consejo General de Economistas en la que afirmó que el registro horario “no puede esperar más”, si bien precisó que aún está en fase de detalle técnico y de decidir qué contenidos entran y qué contenidos quedan para un desarrollo normativo posterior.

La portavoz de Sumar también prometió que los plazos serán “adecuados” para que las empresas puedan cumplir con la nueva norma y pidió no tener “miedo” a esta iniciativa.

Defendió que sea un registro digital porque “el registro en papel no funciona” y que sea accesible para el trabajador. También apuntó que, si el registro no es fiable, “no sirve para prevenir, y sin prevención la duración de la jornada es un riesgo y la empresa se convierte en operador de fatiga”.

Advirtió de que, por la falta del registro de la jornada de trabajo, existe un “problema de fraude inmenso” que “no beneficia a nadie” porque tiene un coste para la economía de 5.000 millones teniendo en cuenta el coste total de enfermedades y accidentes de trabajo vinculados a exceso de jornada. Además, las horas extraordinarias no pagadas equivalen a unos 70.000 empleos a jornada completa, que suponen un “fraude laboral” del 17% del PIB.

Martínez Barbero quiso puntualizar que el registro digital “no invade la intimidad de nadie” en cuanto a cumplimiento con la protección de datos y recoge “estrictamente lo necesario” en cuanto a hora de entrada y salida y las pausas. “El registro de jornada es una medida proporcional por excelencia, sin ella no hay manera posible de cumplir con la directiva de tiempo de trabajo”, añadió.

En el encuentro también participó el presidente del Consejo Español para el Registro de Jornada (CERJ), Juan Ángel Martín, quien defendió que “no es una herramienta de vigilancia ni mucho menos”, sino “un mecanismo de protección jurídica para empresa y trabajador”, y señaló que es un “mito” hablar de un coste elevado para las empresas por incorporar el registro, indicando que una plataforma estándar para hacerlo cuesta un euro por trabajador y mes. “No es un problema de plazos, no es un problema de dinero, es un problema de intención”, concluyó.