En los pasillos del Congreso, Santiago dijo que no encuentra "ningún motivo ni jurídico ni político" para esa decisión, dado que Chambers está "sometido a una acusación fraudulenta por parte de los Estados Unidos, una acusación claramente politizada y además sin fundamento jurídico conforme a la Ley de Extradición".

Sólo se le ocurre como motivo que el PSOE tiene "miedo ante cualquier represalia" por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Pero eso es una estrategia errónea porque el señor Trump es una persona absolutamente incontrolable que permanentemente está aplicando cualquier tipo de represalias por cualquier cosa", advirtió.

"Prolongar el procedimiento de extradición supone, en primer lugar, una seria restricción a su derecho a la libertad", dijo el portavoz de IU sobre Chambers, dado que está preso, cuando a su juicio podría estar en libertad provisional aun con el procedimiento de extradición en marcha.

Además, Santiago subrayó que, cuando concluya esta fase judicial del procedimiento de extradición, que puede durar muchos meses, "no hay ninguna garantía de que siga gobernando el actual Gobierno en España", de forma que, si lo hacen PP y Vox, él considera "evidente que el señor Chambers sería entregado a los Estados Unidos y allí sería sometido, con muchas probabilidades, a una situación de encarcelamiento inhumana, cruel, degradante, prohibida expresamente por las leyes internacionales, que puede causarle daños irreparables o incluso su vida".

El portavoz de Justicia e Interior de Sumar aseguró que los ministros de Sumar registraron observaciones en el Consejo de Ministros apelando al artículo 5 y al artículo 9 de la Ley de Extradición española.

El artículo 5 recoge que el Gobierno puede negarse a conceder una extradición si hay razones para pensar que la solicitud pretende castigar "opiniones políticas" y el artículo 9 obliga a poner al detenido por una orden de extradición en manos del Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional.