Lo hizo cuando se le preguntó por ambos temas en rueda de prensa en el Congreso para presentar una proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos hasta 1976, cuando España era la potencia administradora del Sahara Occidental, y también a sus descendientes directos.

Respecto al mediador, Santiago recalcó que “los asuntos bilaterales entre dos partidos políticos” como sería el caso de las negociaciones entre el PSOE y Junts, “no son asuntos institucionales”, por lo que “la mediación no afecta a ninguna institución del Estado”. También justificó que las conversaciones se lleven con discreción, argumentando que los partidos, como cualquier otro particular, “hablan en público lo que creen que tienen que hablar en público y en privado lo que tienen que hablar en privado”.

Respecto al pronunciamiento del CGPJ sobre García Ortiz, el también portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados preguntó: “¿Qué se puede esperar de un CGPJ con el mandato vencido hace cinco años, que no respeta la Constitución?”. Ya antes había denunciado, como otras veces, que algunos jueces estén “convocando manifestaciones y asistiendo con toga” para protestar contra la amnistía.

“Son hechos acreditados. Un sector del poder judicial ha decidido hacer política”, deploró, tachando a los vocales del CGPJ de “cooperadores necesarios” del PP en su bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces y consideró “de ciencia ficción” su pronunciamiento contra la ley de amnistía antes de conocer su texto, por lo que sentenció que “lo mejor que pueden hacer es dimitir”.