Santiago ofreció una rueda de prensa en el Congreso en la que afirmó que no es “una norma dirigida exclusivamente a Israel o en defensa del pueblo palestino”, sino que puede ser aplicable en otras circunstancias. No obstante, presentó la proposición como una medida “complemento” al real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para hacer efectivo el embargo de armas a Israel.

En concreto, la iniciativa de Sumar busca desarrollar el apartado del real decreto referido a la prohibición de tránsito en puertos. Santiago explicó que “no solamente se trata de complementar” sino “que también es imprescindible desarrollar normas que ya existían en España en desarrollo del tratado sobre el comercio de armas” como “la ley sobre el control de comercio exterior del material de defensa y de doble uso que establece facultades de retención de armamento”. “Eso es algo que ya está en la ley española, pero que carecíamos de un procedimiento práctico para realizarlo”, aseguró.

La propuesta establece la base legal que debe regir la inspección de estos buques y el procedimiento para que estos cuerpos inspección ya preexistentes por mandato del Ministerio de Transportes puedan realizar la inspección, retener esos buques mientras que se practica la inspección y en caso de que se detecten estos materiales quedar depositados en España a “disposición de las autoridades de cualquier lugar del mundo que hayan advertido sobre la comisión” de crímenes de guerra o genocidio.

Para ello, es necesario modificar la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante e introducir el protocolo. Entre los requisitos para definir si hay sospechas de posibles crímenes está la “incoación de investigación en el Corte Penal Internacional contra altos dirigentes de un Estado por la comisión de genocidio o crímenes de guerra”; una investigación similar por parte de tribunales españoles o la Fiscalía General del Estado, y “la concurrencia de hechos y conductas asimilables a los descritos en el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina”.

Santiago aprovechó además para hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas para “que haya problemas en la convalidación inicial del Real Decreto. Con respecto a la disposición que recoge el Real Decreto con posibles excepciones de interés nacional, exigió que tendrá que estar “perfectamente regulado” cuáles son los supuestos para que no sea un “coladero”.