Así lo explicaron Verónica Barbero y Tesh Sidi en una rueda de prensa en el Congreso, durante la que explicaron que hoy, cuando se cumple un año del reconocimiento por España del Estado de Palestina, consideran “más acuciante que nunca” hacer frente “a la ocupación y el apartheid que Israel practica desde hace décadas y frente al genocidio que está cometiendo ahora mismo”.

Por ello avanzaron el registro de una proposición de ley “para que España no colabore de ninguna manera con el mantenimiento de situaciones de ocupación ilegal y de apartheid como las que Israel lleva a cabo en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este”.

Barbero subrayó que el cumplimiento del derecho internacional “es esencial para preservar la paz y seguridad internacionales”, así como para “proteger a las poblaciones civiles en situaciones de conflicto y para garantizar el respeto al principio de legalidad de las relaciones entre los Estados”.

En este sentido, aseveró que el Estado español tiene la responsabilidad de “respetar, proteger y hacer cumplir el conjunto de normas internacionales que prohíben la ocupación ilegal de territorios, la anexión por la fuerza y la consolidación de situaciones derivadas de vulneraciones graves del derecho internacional”.

En este punto tomó la palabra Tesh Sidi, para recordar que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU han reiterado en diversas ocasiones el derecho del pueblo saharaui a la determinación “y ha rechazado los intentos de anexión por parte de Marruecos”.

Sidi dijo que en el texto de la proposición de ley se detalla que ningún ente del sector público pueda reconocer de forma expresa ni tácita como legítima la soberanía o la administración ejercida por una potencia ocupante sobre un territorio ocupado ilegalmente.

Eso supone “que quedaría prohibido, por ejemplo, la apertura de representaciones diplomáticas o consulares en territorios ocupados o la firma de tratados internacionales que incluyan los territorios ocupados con el Estado ocupante”.

De igual forma, vetaría que las autoridades y las entidades públicas de España puedan llevar a cabo ningún tipo de acuerdo de negocio jurídico bilateral o multilateral de carácter público, comercial, militar, económico, cultural, deportivo, tecnológico, académico, científico o institucional.

Sobre todo, señaló Sidi, “está muy enfocado a los acuerdos económicos. A Israel le sale rentable el genocidio: si no, no estaría ocupando Palestina”.