El texto recuerda que ese proceso de reforma ya fue iniciado por el Gobierno de España y por el Congreso de los Diputados, “con el apoyo mayoritario de los grupos políticos” en 2018, pero que se ha visto “sucesivamente frustrado por dos disoluciones anticipadas de las Cortes Generales”.

Curiosamente, el programa enmienda en parte la propuesta contenida en el proyecto de país de Sumar de desplazar ese artículo 49 al 50 porque el compendio de los grupos de trabajo quería crear un nuevo artículo 49 de la Constitución dedicado a las asociaciones juveniles.

El texto que presenta Sumar como bandera electoral recoge, en cambio: “Desarrollaremos normativamente el artículo 48 de la Constitución española, como mínimo, con una ley de participación juvenil donde se regule de forma específica el movimiento asociativo juvenil”. Así, permitiría mantener el simbólico 49 referido a las personas con discapacidad.

DISCAPACIDAD, TERCER SECTOR, DEPENDENCIA

Por lo demás, en el ámbito de la discapacidad, la coalición liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, constata que “hay que garantizar la igualdad y la inclusión como derecho fundamental siguiendo el enfoque, los contenidos y la terminología de la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006”.

En relación a la discapacidad física, Sumar se compromete con la accesibilidad universal, mientras que, en lo que se refiere a la auditiva, garantiza que trabajará “por el reconocimiento de la lengua de signos española y de las lenguas de signos gallega, vasca y catalana (con sus variantes dialécticas) como lenguas a impulsar y a proteger.

En cuanto al movimiento asociativo, que comprende el de la discapacidad pero no sólo, la intención de Sumar es que “se elevará del 0,7% al 1% la asignación tributaria de interés social, tanto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el impuesto de sociedades, para garantizar la sostenibilidad del tercer sector”

Por lo que respecta a la dependencia, la candidatura de Díaz acude a las urnas con el compromiso de seguir “incrementando la financiación estatal” del sistema de atención a la misma “hasta que alcance el 50%” establecido en su día por la propia ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y a la vez “asegurando que las comunidades autónomas mantengan su inversión en términos reales”.