Según pudo comprobar Servimedia, el documento surgido del grupo de trabajo de Sumar sobre 'Juventud' sugiere incluir “un nuevo artículo 49 de la Constitución española, de forma que reconozca el papel esencial que las asociaciones juveniles tienen para nuestras democracias”. Esta idea haría que el actual artículo 49, que se refiere a las personas con discapacidad, pasara a ser el 50.

Al margen de esta curiosidad, otro de los 35 grupos de trabajo que han elaborado el programa preliminar de Sumar, que se publicó la semana pasada, se ha dedicado específicamente a la ‘Inclusión de las personas con discapacidad’.

El documento que emanó de este grupo incita a “seguir el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU”, que “nace como instrumento jurídico que reconoce la discapacidad como una cuestión de derechos humanos”.

Dicho texto establece, además, que “las políticas públicas de discapacidad deben ser participadas por las propias personas con discapacidad, por las organizaciones que las representan y por el tercer sector social de la discapacidad”, y denuncia que “todavía no hay correlación entre los derechos reconocidos” a estas personas “y los hechos”. Por ejemplo, en materia de accesibilidad universal, un objetivo que Sumar también exige.

DEPENDENCIA

En materia de dependencia, el grupo de trabajo considera “prioritario agilizar el acceso” a la valoración y asignación de servicios de ayuda a la autonomía personal, “flexibilizar la oferta de servicios y el diseño de los planes de atención (que deben de ajustarse mejor a las necesidades y preferencias de las personas y a los cambios en su situación), eliminar (o reducir sustancialmente) los copagos en la atención no residencial y mejorar sustancialmente la financiación del sistema”.

Otro grupo de trabajo, el encargado de los temas de ‘Universidad’, también se refiere a asuntos relacionados con la discapacidad, al reclamar “la plena eliminación de las barreras y de la discriminación que sufren estos colectivos, tanto en el acceso a la universidad como en su permanencia en esta, en las transiciones a otras modalidades educativas o en la salida al mercado laboral”.

Abundando en el tema, este documento de Sumar llama a “asegurar la incorporación plena del diseño para todo el mundo y de la accesibilidad universal” y “el cumplimiento de la normativa vigente, de los protocolos y de los compromisos adicionales de las universidades en lo referido a la igualdad de trato, la no discriminación, la identidad y las iniciativas destinadas a la inclusión efectiva de estos colectivos”.

En cualquier caso, estos textos no son el “proyecto de país” definitivo de Sumar, sino que sus propuestas están abiertas a que los inscritos en la asociación de Yolanda Díaz hagan aportaciones hasta el 2 de junio y luego voten su posible inclusión. Los trabajos de los 35 grupos y los eventuales añadidos se refundirán en un documento definitivo que se espera que esté listo a finales del verano.

Sumar advierte de que, dado que el horizonte temporal del proyecto de país son 10 años, no puede homologarse a un programa electoral, que, en su caso, tendrá que debatirse entre todas las formaciones políticas que se integren en la eventual candidatura única a la izquierda del PSOE a las próximas elecciones generales.