"¿Qué va a hacer Junts, qué va a hacer Vox y qué va a hacer el Partido Popular en esta coyuntura tan decisiva como la que nos encontramos?", preguntó en una entrevista en Servimedia, advirtiendo de que "hemos entrado en la fase en la que cada formación política tiene que retratarse ante su electorado y ante la ciudadanía".

Poniendo como ejemplo a Junts per Catalunya, que se unió al PP y Vox para tumbar por dos veces un decreto de medidas de "escudo social" y de ayudas a distintos colectivos por incluir una moratoria a los desahucios, Hernández preguntó si "no están sufriendo los efectos de la crisis económica los catalanes y catalanas".

Recordó que los votantes de Junts también echan gasolina o diésel al vehículo y se ven afectados por la subida del petróleo, o sufren la de la cesta de la compra o la del alquiler de vivienda por el aumento del euríbor. Éstos son algunos de los efectos de la guerra que podría abordar el Gobierno con sus medidas a partir del martes.

Por tanto, en alusión al sentido de su voto a los anteriores decretos en el Congreso, la coordinadora de Movimiento Sumar desafió: "Es la hora de que Junts y Partido Popular y Vox se retraten porque estamos en un momento histórico en el que no podemos mirar hacia otro lado".

Preguntada sobre si estas medidas deberían aprobarse en un decreto aparte o conjunto con las que se incluían en el derogado por dos veces en el Congreso y tendrán que volver a llevarse a convalidar, Hernández despejó: "La verdad es que a mí el 'cómo' no me interesa". Acotó que lo que "interesa es que estas medidas sean una realidad", e insistió: "El cómo... trabajaremos en ello".

LAS NUEVAS MEDIDAS

Hernández no quiso entrar en detalles sobre las negociaciones en el seno del Gobierno entre el PSOE y Sumar, las medidas ya acordadas o las discrepancias, que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, atestiguó que existen en temas como el tope a los precios de los alimentos o la prórroga obligatoria de los contratos del alquiler, sobre las que recelan los socialistas. La coordinadora constató que "esto es una cosa que se está trabajando a nivel de Gobierno" y "por lo tanto esas conversaciones quedan ahí".

Sí abogó por "poner en marcha medidas que en el ámbito energético, en el ámbito de la fiscalidad y en el ámbito social de alguna manera sean ágiles y eficaces a la hora de proteger los intereses de la ciudadanía", recalcando que no se trata de "política ficción" porque ya se aplicaron durante la pandemia de covid y el comienzo de la guerra en Ucrania.

Hernández enumeró las que ha propuesto Sumar, desde recuperar la "excepción ibérica" del tope al precio mayorista del gas y conceder bonificaciones a las industrias electrointensivas y a los conductores profesionales hasta reflotar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas o introducir un "smart tax" a las grandes cadenas de distribución de alimentos, pasando por el control de los precios de éstos últimos.

Lo que no quiso es pronosticar el impacto que la guerra podría tener en la movilización del electorado progresista de Castilla y León. Se limitó a constatar que "dos de cada tres españoles están en contra de la guerra", pero no quiso ver "electoralismo por ninguna parte", sino avisar de que "la paz es el único caldo de cultivo sobre el cual se puede construir más derechos, sobre el cual se puede blindar mejores condiciones de vida y sobre el cual se puede construir la ausencia de conflicto" y "la condición de posibilidad para tener una democracia y una sociedad mejor".

En este sentido, volvió a reivindicar "el 'no a la guerra' que ha enarbolado el Gobierno de España" y la propia sociedad, que se movilizará en la calle hoy mismo. Y conjeturó, como otros ministros y portavoces de Sumar los días pasados: "Si tuviéramos un Gobierno de Partido Popular y Vox, la foto de las Azores volvería a ser una realidad y España estaría metida en una guerra cuya población no quiere".