Según fuentes del Alto Tribunal, el querellante, cuya identidad no fue facilitada, acusaba a los gobernantes de un delito de omisión del deber de socorro por el retraso de la Administración en atender las necesidades de los viajeros durante la "Operación Paso del Estrecho".

El colapso fue provocado en el mes de julio a raíz de la huelga de la empresa naviera Isnasa, mantenida desde el mes aril, lo que motivó que los transbordadores estuvieran realizando 19 viajes menos que en circunstancias normales.

Esta circunstancia, unida a la huelga de camioneros en Francia, impidió que la llegada de los emigrantes magrebíes se produjera escalonadamente y cerca de 35.000 personas se concentraron en el puerto gaditano.

Sólo en los días de mayor afluencia (los días 13, 14 y 15 de julio), Cruz Roja atendió 2.083 urgencias, la mayoría motivadas por deshidratación, y más de un centenar de personas uvieron que ser hospitalizadas.

Los partidos de la oposición y hasta el Episcopado español recriminaron a la Administración su falta de previsión y organización durante la operación de tránsito de magrebíes, pero sólo un ciudadano ha llegado hasta los tribunales, sin que su denuncia haya prosperado.