Los siete componentes del tribunal cuyo nombre recoge una providencia comunicada hoy son, además de Martínez Arrieta, la magistrada Ana Ferrer, que se incorpora de acuerdo a los criterios de reparto, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela. Una composición con clara ventaja de magistrados de sensibilidad conservadora.

Los cinco últimos citados son los magistrados que aceptaron la exposición razonada que dio lugar a la investigación en el Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz en octubre de 2024. De ellos, Polo está considerada progresista, al igual que Ana Ferrer.

Andrés Martínez Arrieta presidente de la Sala Penal, tiene 70 años y su nombramiento por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue respaldado por el sector conservador puesto que pese a ser considerado más bien progresista ha mantenido posturas moderadas.

El juicio contra García Ortiz no tiene fecha de momento, aunque fuentes del TS estiman que ser fijará para finales del mes de noviembre. Será la primera vez que un fiscal general se siente el banquillo y previsiblemente hará uso de su derecho a sentarse junto a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ataviado con toga.

La sentencia que dicte este tribunal será firme puesto que al tratarse de un aforado no habrá segunda instancia. El fiscal general del Estado ha solicitado al Supremo su absolución del delito de revelación de secretos. En su escrito remitido al TS insiste en que no hay pruebas de que filtrara información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y denuncia lo que considera una “operación perfectamente orquestada” del entorno de la presidenta madrileña para “desviar el foco” de la investigación por fraude fiscal al empresario.