García Ortiz se sentará en el banquillo por revelación de secretos que afectaba a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que tiene abiertas dos causas por diversos delitos, incluidos los de fraude fiscal, falsedad documental y corrupción en los negocios.

El juez Hurtado procesó al fiscal general hace tres meses y la Sala de Apelaciones avaló su decisión el pasado mes de julio. Cinco de los miembros del tribunal juzgaron el ‘procés’. Se trata de Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal; Carmen Lamela; Andrés Martínez Arrieta, nuevo presidente de la Sala de lo Penal del Supremo; Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, considerados conservadores.

También estarán en el tribunal las magistradas de perfil progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, que fue la instructora de la causa del Tsunami Democràtic contra Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg.

El auto de procesamiento indicaba que había que “presumir” que el fiscal general del Estado “facilitó” el correo en el que se daba cuenta a un medio de comunicación de los detalles de la petición de acuerdo hecha por la defensa de González Amador a la Fiscalía.

Ese comunicado contenía, “información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano” sobre los que era obligado guardar “discreción” y su difusión fue “impulsada personalmente” por el fiscal general del Estado

El novio de Ayuso solicita cuatro años de prisión, una multa de 108.000 euros, una indemnización de 300.000 euros y tres años de suspensión de empleo. Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales reclamó seis años de prisión y 12 de inhabilitación. Manos Limpias pidió cuatro años de prisión y una multa de 216.000 euros.

Además, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la acusación acumulada formada por Vox, Hazte Oír y la Fundación Foro Libertad y Alternativa solicitaron cuatro años de prisión. Por su parte, la asociación de fiscales que está personada pidió al juez que suspendiera al fiscal general del Estado.