En un auto del Tribunal Supremo conocido este miércoles, el tribunal indica que la querella no describe actos concretos atribuibles a Chivite que permitan sostener, siquiera indiciariamente, que emitiera directrices encaminadas a alterar procedimientos de contratación pública, que interviniese de forma directa o mediata en la valoración de ofertas o en la composición de las mesas de contratación.

Los magistrados subrayan que no se presentan "marcadores de que pudiera haberse beneficiado de dádivas, promesas, contraprestaciones, ventajas o beneficios vinculados causalmente a una actuación administrativa que le correspondiera". Tampoco existe, precisan, "un nexo objetivo entre su conducta y los delitos denunciados de cohecho, tráfico de influencias u otros".

La querella de Vox se dirigía contra Chivite, que es aforada ante el Supremo de acuerdo con la Ley de Amejoramiento, y contra Santos Cerdán, Koldo García, Fernando Agustín Merino, Pedro López Vera, Jesús Polo Soria y los funcionarios que hubiesen participado en la licitación de los contratos públicos relacionados en la querella. Según ésta, todos ellos podrían haberse concertado para que determinadas empresas resultaran favorecidas en la adjudicación.

BASADA EN INFORME UCO

El Alto Tribunal destaca que la querella se basaba no en documentos o elementos probatorios que haya aportado el querellante sino en algunos extremos de un informe de la UCO entregado al magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que instruye la causa contra el exministro José Luis Ábalos y otras personas relacionadas con el denominado 'caso Koldo'.

Las adjudicaciones de contratos públicos a las que se refiere la querella de Vox son la concesión administrativa y obra de la Mina Muga, para explotación de un yacimiento de potasa, en Sangüesa; la adecuación de los lotes 4 y 5 del pabellón Navarra Arena, en Pamplona; y la concesión de un contrato de derribos y adecuación en la plaza de Los Fueros de Milagro.

También se menciona el proyecto en Huarte, Navarra. Los magistrados señalan que la querella vincula a Chivite con los contratos únicamente por su condición de presidenta del Gobierno navarro, así como por haber mantenido, según ellos, cuatro reuniones con Antxón Alonso Egurrola entre 2020 y 2021.

Asimismo, la formación de Santiago Abascal alude a que la presidenta navarra tiene una gran relación personal y profesional con Santos Cerdán, quien detentaría parte del capital social de la empresa adjudicataria Servinabar. Sin embargo, el tribunal considera que estos elementos resultan insuficientes para admitir la querella a trámite.

El auto indica que los elementos invocados "carecen de concreción, individualización y soporte objetivo bastante, quedando anclados en un plano de sospecha genérica derivado de ostentar una posición institucional de máxima responsabilidad en la comunidad autónoma". Esta circunstancia, por sí sola, no justifica la apertura de un procedimiento penal contra la mandataria navarra.