Partiendo de la base de pronunciamientos anteriores de la misma Sala, en los que se decía que no era necesaria la hospitalización del menor para causar la prestación, y que no era óbice la escolarización del mismo, el Tribunal profundiza sobre qué debe entenderse por “cuidado directo, continuo y permanente” que debe dispensar la persona progenitora, y que se configura como uno de los requisitos exigidos por la norma.

A tal efecto, el Alto Tribunal concluye que el cuidado necesario no puede hacerse equivalente a una penosa y sacrificada servidumbre de quien lo dispensa. Y que lo verdaderamente decisivo no es tanto la atención que pueda prestarse al menor fuera del domicilio familiar aprovechando el sistema educativo y de asistencia social, como el hecho de que el menor pueda o no realizar las actividades propias de su edad con la autonomía predicable de la misma.

Y, según la sentencia del Supremo, todo ello debe ser así con independencia de que su situación pudiera mejorar en un futuro, una circunstancia que, en todo caso, es incierta.