Así, el Alto Tribunal ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) contra el Real Decreto 608/2023, de 11 de julio, por el que se desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

El Supremo resuelve que no concurre vicio de nulidad alguno, que la disposición cuestionada no impone la obligación formal de anticipar la causa de despido, no altera la intervención de la autoridad laboral y no introduce nuevos actores en el ámbito del procedimiento de despido colectivo.

La norma reglamentaria impone a las empresas una obligación relacionada con un posible y futuro despido, que es notificar a la autoridad laboral competente por razón del territorio y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Dirección General de Trabajo.

UGT, que se hizo eco de la sentencia este viernes, explicó también que este mandato legal no significa que conlleve una vulneración del ordenamiento jurídico, dado que lo que hace es introducir una actuación previa para supuestos especialmente graves referidos a la posibilidad de que la empresa tenga que proceder al cierre de uno o varios centros de trabajo, cuando ello suponga el cese definitivo de la actividad y el despido de cincuenta o más personas trabajadoras.

“Este es claramente un mecanismo favorable para la empresa y no restrictivo de su actividad”, expone UGT al explicar la sentencia. Además, subraya que “la adopción de estas medidas no solo protege al tejido empresarial y garantiza su supervivencia, sino que también preserva el empleo, facilitando la reactivación económica”.