Así lo revela el informe ‘Radiografía de la educación en la diversidad Lgtbi+’ presentado este jueves por la Federación Estatal Lgtbi+ (Felgtbi+) y la Universidad de Salamanca en el que se pone de manifiesto que visibilidad en el ámbito educativo para las personas Lgtbi+ sigue siendo limitada.

Además, entre las personas de 18 a 24 años del coelctivo, un 18,2% permanece invisible, y un 40% asegura no haber podido expresarse tal como es durante su etapa educativa. En cuanto a la violencia y el acoso, el 21,2% de los incidentes de odio y discriminación ocurre en centros educativos, y más de la mitad de las personas jóvenes sufrió acoso, trato vejatorio o ciberacoso durante la educación secundaria.

“La familia sigue siendo el principal detector de estas situaciones, mientras que las instituciones educativas aún no responden de manera suficiente”, añade Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.

Este informe trata de hacer un análisis sobre la integración de la diversidad afectivo-sexual, de género, corporal y familiar en los centros educativos, así como sobre el desarrollo y la implementación de políticas públicas inclusivas en las distintas comunidades autónomas.

Así, el estudio revela que, pese a la aprobación de la Ley Trans y Lgtbi+ que posibilista impulsar políticas educativas inclusivas, su aprobación no garantiza por sí sola su correcta aplicación. También, aunque prácticamente todas las comunidades autónomas cuentan con leyes o protocolos para proteger al alumnado Lgtbi+, su aplicación efectiva es “desigual”.

El análisis territorial muestra un panorama diverso a la vez que contradictorio. Algunas comunidades que hace unos años estaban a la cola en derechos Lgtbi+ en las aulas han iniciado procesos legislativos para protegerlos como, por ejemplo, Castilla y León. Mientras tanto, otras como la Comunidad de Madrid o la región de Murcia experimentaron retrocesos en la aplicación de sus propias leyes, condicionadas por discursos políticos contrarios a la igualdad.

El informe constata también problemas comunes en todo el territorio como son la falta de formación sistemática del profesorado, la ausencia de evaluación de resultados y una dependencia excesiva de iniciativas individuales o asociativas. Los programas de sensibilización, aunque abundantes, siguen siendo dispersos, lo que genera experiencias educativas muy diferentes entre centros y comunidades autónomas.

Entre las recomendaciones para mejorar la situación, el estudio insiste en la necesidad de planes integrales de educación inclusiva, protocolos claros contra el acoso escolar y programas de formación continuada para docentes y familias.