El Congreso, celebrado con la vocación de “garantizar la dignidad y los derechos de las generaciones futuras”, puso en valor este imperativo constitucional en su última sesión, moderada por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional de España, Inmaculada Montalbán Huertas, quien ha subrayado que “cada generación tiene el deber ineludible de salvaguardar los derechos de las que están por venir, no actuar solo en función de los intereses del presente”.

Para ello, destacó el papel esencial de los Tribunales Constitucionales, puesto que “sus decisiones no solo corrigen vulneraciones de derechos fundamentales, sino que contribuyen a orientar políticas públicas, limitar los excesos del poder y trazar el rumbo hacia un desarrollo más equitativo y sostenible”.

Otro de los puntos principales de la conferencia fue la denuncia de las amenazas a la independencia de los Tribunales y Cortes Constitucionales miembros, que no son “ni hipotéticas ni aisladas”. Muchos enfrentan injerencias políticas en los nombramientos, retrasos en la ejecución de sus decisiones o campañas dirigidas a minar la confianza pública en ellos. Y en algunos casos se ha intentado incluso debilitar el control constitucional mediante restricciones presupuestarias o procesales, lo que es, “sin duda, erosiona el Estado de derecho”.

La independencia judicial no es un privilegio de la magistratura, sino una salvaguarda para todos, una garantía de que los derechos se defienden “sin miedo ni favoritismos”. Es una garantía que precisa recursos adecuados, protección procesal y respeto institucional. Según los Tribunales Constitucionales, proteger esa independencia es una responsabilidad permanente compartida por todos.

LEGITIMIDAD

La legitimidad de los Tribunales Constitucionales reside en el mandato constitucional, en el razonamiento basado en principios, la transparencia procesal y el valor de gobernar de acuerdo con la ley, también cuando las decisiones son políticamente inconvenientes.

Los participantes subrayaron también el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. En este sentido, destacaron su capacidad para resolver asuntos relativos a daños medioambientales y para aplicar la justicia climática. Así, la jurisdicción constitucional se compromete a defender marcos jurídicos que impidan daños ecológicos irreversibles y que confirmen las obligaciones del Estado para las generaciones futuras.

Asimismo, en le Congreso se ha defendido la importancia de preservar el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, porque sustenta la identidad y la resiliencia de los ciudadanos del futuro. Se deben aplicar mecanismos para proteger los bienes culturales, resolver litigios sobre el patrimonio y abordar prácticas culturales que entren en conflicto con los derechos humanos universales.

CONECTIVIDAD

El VI Congreso Mundial también concluyó que la conectividad digital, el acceso justo a la información y la gobernanza ética de las tecnologías emergentes son elementos vitales para el desarrollo humano. Para ello, es imperativo que los tribunales y cortes protejan a las personas contra los abusos de la vigilancia, la discriminación algorítmica y las violaciones de la privacidad de datos. El acceso equitativo a la infraestructura digital y a los sistemas de conocimiento son cuestiones por las que también tienen que velar.

Otro de los puntos aprobados por la Conferencia fue la necesidad de anticiparse a las violaciones de derechos humanos. No solo responder a ellas: los tribunales están llamados a establecer estándares jurídicos claros y a promover la concienciación, previendo el abuso antes de que se produzca. Las sentencias crean marcos jurídicos que perduran más allá de ciclos electorales y programas políticos.

Finalmente, los participantes reclamaron una cultura del constitucionalismo en la que las decisiones judiciales se apliquen fielmente y la crítica judicial siga siendo constructiva. También apostaron por la transparencia, la rendición de cuentas y el diálogo con las instituciones y la sociedad civil para reforzar la independencia. Y mostraron su apoyo a los miembros de la Conferencia que se hallan bajo presión, a través de la solidaridad, las declaraciones públicas y el compromiso.

La vicepresidenta del TC de España, junto a la directora de la Comisión de Venecia, Simona Granata, también destacó el legado y aportación de las mujeres en el desarrollo de los derechos humanos, “muchas veces invisibilizados”. Y señaló que los retos planteados en la Conferencia han afectado y afectan a las mujeres de forma especialmente intensa, y por ello es necesario que participen en la toma de decisiones para resolverlos.

Montalbán defendió la contribución de las mujeres al mantenimiento de los ecosistemas y los recursos naturales del planeta. Por lo que ha reclamado aplicar una perspectiva de género en la conservación y gestión del territorio, el agua y la diversidad biológica. También ha puesto en valor su participación en la producción, conservación y transmisión en la diversidad cultural, patrimonio universal de la humanidad.

La vicepresidenta del TC apostó por seguir garantizando el acceso, promoción y liderazgo de las mujeres en los saberes formales y académicos, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y humanidades y las ciencias sociales y jurídicas.

Montalbán acabó pidiendo que se garantice la participación de las mujeres en la toma de decisiones y advirtió de que la igualdad constituye en sí misma “un precioso legado y su cuestionamiento, aplazamiento o pérdida impactará negativamente en el desarrollo de las democracias”.