La Junta andaluza considera que la norma es contraria al artículo 149 de la Constitución, que atribuye al Estado "competencias exclusivas" en materia de legislación sobre productos farmacéuticos.

El decreto ley, aprobado el psado mes de junio, otorga competencias a las comunidades autónomas para decretar el número de oficinas de farmacia que puedan establecerse en el territorio nacional, en relación con la población existente.