Fuentes jurídicas interpretan que este orden del día, alejado de los asuntos con trascendencia política, trata de esquivar la participación del Tribunal Constitucional en la pugna desatada entre amplios sectores del Poder Judicial y el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la mención del ‘lawfare’ o persecución judicial del adversario político, en el acuerdo para investidura con Junts.

Además, el Gobierno está embarcado en un nuevo intento de pactar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la pasada semana cumplió cinco años en funciones, lo que significa que ha doblado el mandato para el que fue elegido en 2013, bajo el Gobierno del PP.

El Ejecutivo se encuentra ahora enfrentado con buena parte de las asociaciones de jueces y de fiscales y tiene sobre la mesa manifiestos críticos del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los presidentes de Audiencias Provinciales y jueces Decanos.

Incluso el PP no ha parado de lanzar sospechas sobre la independencia del Constitucional para decidir sobre los recursos contra la ley de amnistía. El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido quiere alejar en lo posible de la bronca política a la institución que garantiza la constitucionalidad de las normas que salen de las Cortes.

En principio, los recursos contra esta ley no empezarán a estudiarse hasta dentro de varios meses, con la esperanza de que para entonces el ambiente político esté más calmado, y que incluso el CGPJ se haya renovado.

El único grupo parlamentario que puede recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional es el PP, al ser el que cuenta con más de 50 diputados. Pero, además, en cuanto sea aprobada y entre en vigor cualquier juez podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad al TC o una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La presentación del recurso por parte del PP no implica la suspensión de la norma, que debería solicitarse como medida cautelar y el TC acordarla. La propia redacción de la ley dificulta esa suspensión puesto que su artículo 10 establece que los recursos no tendrán efectos suspensivos.

En cambio si es un juez o un tribunal el que acude al Constitucional, sí que podría paralizarse provisionalmente alguno de los efectos de la ley por la suspensión de los procesos judiciales que afecten al tribunal que pida la impugnación.

Eso significa que se suspendería la resolución del proceso judicial con su archivo, pero no la cancelación de las medidas cautelares pendientes, tales como ordenes de detención e ingreso en prisión, por lo que el expresidente catalán, Carles Puidemont, sería libre de volver a España.