Según explica Gestha en un comunicado, los principales beneficiarios de estos aplazamientos sin garantías serán los bancos y cajas que se encuentren "en situación de apuro" por las retenciones del capital, además de las 26.443 medianas y grandes empresas que cuentan con más de cien empleados (apenas un 1,5% del total de las empresas españolas) y, especialmente, las 3.730 grandes corporaciones que tienen más de 500 empleados. Todas estas empresas contratan actualmente al 50,8% de los trabajadores en España.

Por el contrario, esta medida apenas beneficiará a un total de 1.751.126 pequeñas empresas -que emplean al 49% de los trabajadores-, las cuales difícilmente podrán acceder a estas facilidades que se otorgan a las "megaempresas", afirma el sindicato, que agrega que difícilmente podrán acceder a estas facilidades las 939.383 microempresas que cuentan con tres trabajadores o menos.

Entre las empresas beneficiadas por esta nueva medida destacan, según Gestha, las entidades financieras y las compañías aseguradoras (a cada empresa de este sector le corresponde hacer un pago medio por las retenciones practicadas de 8,2 millones de euros anuales), las eléctricas y petroleras (5 millones cada una) y las de telecomunicaciones (2,3 millones cada una).

También se verán especialmente beneficiados los centros educativos concertados, las universidades privadas y los hospitales privados o de gestión privatizada, con un pago medio por entidad de 2,9 millones anuales.

Para Gestha, dado que estas "ayudas" de la Agencia Tributaria del Estado benefician fundamentalmente a las entidades financieras y a las grandes empresas, "deberían incluirse dentro del conjunto de ayudas estatales para solventar la crisis financiera, pero no articularse en forma de recomendación general, ya que su alcance será muy limitado".

El sindicato afirma entender que la Agencia Tributaria sea "sensible" en la exigencia de los plazos en que las empresas deben liquidar el IVA y el Impuesto de Sociedades, pero propone que el aplazamiento de todas las retenciones del IRPF sea debatido y autorizado previamente por el Parlamento.

Además, estima que los criterios de concesión de estos aplazamientos de retenciones sin garantías deben estar también bajo el control parlamentario.