Así lo defiende la tecnológica española en la respuesta que ha enviado a la consulta pública que inició el Ejecutivo comunitario el pasado junio para la elaboración de la DNA, que tiene previsto aprobar en el último trimestre de este 2025.

Lo explica el director de Políticas Públicas, Competencia y Regulación de la compañía, Juan Montero Rodil, en un artículo que ha publicado en el blog de Telefónica y que recoge Servimedia.

El directivo afirma que Telefónica acoge con satisfacción el anuncio de esta nueva norma y apoya “la ambición de la Comisión Europea de fomentar la inversión, la innovación y la competitividad”. Sin embargo, cree que “solo una reforma valiente y completa puede abordar los retos estructurales y económicos que afronta el sector”.

“El actual marco regulatorio de las comunicaciones electrónicas, aunque tuvo éxito en las primeras etapas de la liberalización de los mercados, ha fracasado en esta última década a la hora de ofrecer un modelo de competencia sostenible que genere flujos de caja suficientes para que los operadores de telecomunicación puedan realizar grandes inversiones”, sostiene Telefónica.

Según Montero Rodil, la infraestructura de conectividad digital europea “se está quedando cada vez más rezagada” con respecto a otras economías desarrolladas en cuanto a disponibilidad de la última tecnología, al tiempo que se enfrenta a una competencia mundial cada vez mayor y a grandes déficits de inversión.

Para hacer frente a esta pérdida de competitividad, Telefónica ve preciso “un replanteamiento del marco regulatorio de las infraestructuras y los servicios de comunicaciones digitales”. Cree que la futura DNA debe establecer “un entorno regulatorio simplificado, que ofrezca incentivos adecuados para la inversión y la innovación y apoye la aplicación de la visión estratégica y los objetivos de la UE en el período 2024-2029”.

“Permitir que los operadores de redes de telecomunicaciones alcancen una escala suficiente es fundamental para generar flujos de caja que fomenten las importantes inversiones necesarias para obtener mejores resultados para el bienestar de los ciudadanos europeos, garantizar que los operadores de telecomunicaciones europeos sigan siendo independientes y sostenibles financieramente, y garantizar que se puedan abordar los retos tecnológicos”, sugiere Telefónica a la Comisión Europea.

LICENCIAS MÁS DURADERAS

Telefónica apoya la desregulación de los mercados, y en negocios específicos en los que la competencia no existe un producto de acceso mayorista activo disponible en condiciones comerciales que permita competir eficazmente a nivel minorista, aboga por imponer obligaciones ‘ex ante’ específicas a los operadores de redes de acceso. Además, Telefónica se opone a la imposición de un producto de acceso mayorista armonizado a escala paneuropea, ya que no lo ve necesario.

En política de espectro, Telefónica defiende duraciones de licencia “más largas o indefinidas” y renovaciones simplificadas, con modelos de licitación más efectivos que den prioridad a la eficiencia del espectro frente a la maximización de los ingresos.

Telefónica resalta la necesidad de incluir a los grandes proveedores de contenidos y aplicaciones (CAP) y a los hyperscalers de servicios de nube en el ámbito de aplicación de la DNA.

En este contexto, la multinacional que preside Marc Murtra propone obligaciones recíprocas vinculantes para negociar las condiciones de interconexión, de la propiedad intelectual y de la entrega de datos, así como un mecanismo de resolución de litigios para garantizar, cuando sea necesario, resultados equitativos.

Además, Telefónica destaca la necesidad de una recomendación de la Comisión con una lista no exhaustiva de servicios que deben considerarse servicios especializados para permitir el desarrollo de servicios 5G innovadores, como los basados en las rodajas de las redes 5G (network slicing).

Telefónica sostiene que las obligaciones ligadas al servicio universal están “obsoletas” en un mercado competitivo y bien cubierto hoy en día. En su lugar, plantea que las subvenciones públicas específicas (por ejemplo, bonos) deberían apoyar a los usuarios vulnerables, “garantizando la asequibilidad sin imponer obligaciones innecesarias a los proveedores”.

En su escrito a Bruselas, Telefónica pide la derogación de la Directiva sobre privacidad electrónica (ePrivacy) y de los controles de precios en las normativas obsoletas sobre tarifas de itinerancia y terminación, así como en las llamadas dentro de la UE.