Así lo exigió en un comunicado en el que defendió que la medida aprobada supone “una importante inversión social en un ámbito especialmente relevante” para las personas mayores y las personas con discapacidad en situación de dependencia que necesitan apoyos “intensos y continuos” para el ejercicio de su autonomía personal.

“El Gobierno ha anunciado una aportación adicional de 2.218 millones de euros y un compromiso de crecimiento que permitirá que la inversión pública estatal alcance más de 7.239 millones de euros en 2027 para reforzar el sistema”, puntualizó.

En paralelo destacó que esta inversión, demandada “desde hace mucho tiempo” por el sector de la discapacidad, las organizaciones de personas mayores y el conjunto del Tercer Sector de Acción Social, se produce además en el vigésimo aniversario de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

La plataforma recordó que, durante estas dos décadas, el sistema ha atravesado una situación “crónica” de “infrafinanciación” que ha “impedido” desarrollar “plenamente” las previsiones de este dispositivo de protección social y “desplegar todo su potencial para garantizar los derechos de las personas en situación de dependencia”.

PLENAMENTE EFICAZ

La entidad señaló que la falta de recursos económicos, el “excesivo burocratismo”, las diferencias “muy agudizadas” entre territorios, las “largas” listas de espera, “altos” copagos y un catálogo de prestaciones y servicios “rígido” han “impedido” que el sistema de atención a la dependencia sea un dispositivo “plenamente eficaz” que proteja “verdaderamente” a las personas mayores y a las personas con discapacidad que necesitan apoyos para su autonomía personal.

En este contexto, la plataforma considera que este Real Decreto-Ley supone una “inyección financiera considerable” que puede contribuir a “fortalecer” el sistema y mejorar la atención a las personas en situación de dependencia.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

No obstante, la entidad puntualizó que este esfuerzo económico del Estado debe ser “complementado y ampliado” por las comunidades autónomas, convencida de que el dinero que transferirá la Administración General del Estado “no puede servir” para que “hagan dejación de sus obligaciones como titulares de los servicios sociales ni para generar ahorro en sus propios presupuestos”.

Por ello, la Plataforma ve “imprescindible” que aporten un “esfuerzo equivalente” que permita “corregir las carencias acumuladas durante años, reducir las listas de espera, hacer desaparecer o rebajar los copagos, reforzar los servicios y garantizar una atención adecuada a todas las personas”.

Asimismo, estima que esta norma “extraordinaria y urgente” debe “favorecer” la aprobación del proyecto de ley de reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.

El Tercer Sector realizará un “seguimiento estrecho” de la tramitación de esta norma para que sea convalidada por el Congreso de los Diputados y hace un “llamamiento” a todos los grupos parlamentarios para que “respalden” tanto este Real Decreto-ley como la futura aprobación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia.

Por último, la Plataforma del Tercer Sector reiteró su “compromiso” con la “defensa” de un sistema de autonomía y atención a la dependencia “suficiente, sostenible y centrado en los derechos de las personas”, capaz de garantizar una vida digna, la igualdad de oportunidades y la “plena inclusión social de las personas mayores y de las personas con discapacidad”.