Así lo demandó en un comunicado en el que puntualizó que la Ley de Desindexación “limita” la revisión de precios en los contratos con la administración pública para la prestación de servicios, por lo que las organizaciones sociales con contrato con la administración pública “deben prestar los servicios sin variación de precios, durante toda la duración del contrato”.

A este respecto, el presidente de la PTS, Luciano Poyato, advirtió de que el “impacto” que esta ley tiene “en las personas con las que el Tercer Sector trabaja y en la calidad de los servicios prestados” es el “factor fundamental” que “moviliza” a la plataforma para “reivindicar, como sector, el abordaje jurídico de esta realidad y su solución”.

Tras recordar que esta ley fue aprobada con el objetivo de “hacer más competitiva” la economía española, la plataforma defendió que, “en el contexto económico actual", está "perjudicando, gravemente", a las entidades sociales porque "produce un desequilibrio económico entre las obligaciones de las partes”.

NUEVA REGULACIÓN

La PTS reclamó que se regule legalmente la revisión “periódica” de los costes unitarios de los servicios “por razones de interés social” y manifestó su “preocupación” al entender que la Ley de Desindexación “está provocando” que “algunas” organizaciones sociales “tengan que asumir la gestión de servicios públicos y la atención a las personas entrando en pérdidas o no pudiendo concurrir a la licitación de nuevos servicios” porque “no pueden garantizar unos mínimos de calidad en la gestión de los servicios prestados”.

En paralelo, la plataforma reivindicó la implantación de mecanismos que “garanticen” la estabilidad económica de las entidades sociales y que “no repercutan, de manera negativa, en su competitividad” y se ofreció a trabajar “conjuntamente” con el Gobierno para “conseguirlo”.