Así lo reivindicó en un comunicado en el que rechazó las afirmaciones que señalan que el Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social podría destruir empleo o excluir a determinados modelos empresariales, al entender que estas interpretaciones “no se corresponden con el contenido real de la norma”.

En este contexto, la plataforma recordó que el Proyecto de Ley fue aprobado el pasado 9 de diciembre en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados y actualmente continúa su tramitación en el Senado.

La norma actualiza el marco regulatorio de la economía social, un sector compuesto por más de 74.000 empresas y entidades que generan más de 2,5 millones de empleos directos e indirectos y representan en torno al 10% del PIB nacional, según puntualizó la plataforma.

ORDENAR JURÍDICAMENTE

Tras aseverar que la norma persigue “ordenar jurídicamente el sector”, explicó que el Proyecto de Ley “reafirma” la “diferenciación existente desde 2017 y avalada por la jurisprudencia” entre los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (Ceeis) y los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial (Ceeie).

En este punto, subrayó que los primeros, de carácter no lucrativo, están obligados a reinvertir la totalidad de sus beneficios en su finalidad social y en la mejora del empleo de las personas con discapacidad.

“Algunas organizaciones y grupos políticos han cuestionado esta diferenciación, afirmando que podría suponer una desventaja competitiva o incluso la destrucción de empleo para personas con discapacidad”, criticó, al tiempo que ensalzó que Cepes y otras entidades representativas del sector “han desmentido estas afirmaciones, subrayando que la norma no excluye a ningún modelo empresarial”.

Por todo ello, la Plataforma del Tercer Sector “respalda” el pronunciamiento presentado por Cepes, junto con ONCE, Cermi, Feacem, Aedis e Igualis, al que se adhirió en marzo de 2025.