En España, hay más de 172.000 menores de 2 a 16 años con alguna discapacidad o limitación, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), que hacen referencia a 2020. La Ley de Educación establece que uno de los principios del sistema educativo español es la equidad, que “garantice la igualdad de oportunidades [...] y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad”.

Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en diciembre de 2007, establece que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que los menores con discapacidad tengan “igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas”.

Sin embargo, esta discriminación existe. Casi un tercio del alumnado con discapacidad (32,7%) asegura sentirse aislado, rechazado o excluido por el resto de compañeros, según recoge el informe del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación ONCE de 2019.

Frente a posibles casos de desigualdad o discriminación hacia los menores con discapacidad en campamentos de verano y actividades extraescolares, el Cermi recalca que estos pequeños tienen protegido por ley el derecho a participar en “las actividades extraescolares y de ocio y a no ser discriminados por razón de discapacidad”.

La directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino, explica en declaraciones a Servimedia que los organizadores no pueden excluir a este tipo de niños y, por eso, anima "a los padres y a las familias a estar vigilantes y a denunciar posibles vulneraciones”. “Que se pongan en contacto con nosotros, con el Cermi, que les ofreceremos aesoramiento y acompañamiento jurídico para defender sus derechos”, apostilla.

El posible aislamiento a los menores con discapacidad puede deberse, por un lado, a la existencia limitaciones en el acceso físico a los espacios en los que se desarrollan estas actividades. “A lo mejor tienen una discapacidad motora y esa actividad o campamento no está preparado, no cuenta con medios como una rampa de acceso”, matiza a Maldita.es la psicóloga infantil Silvia Álava.

Tampoco se dispone de personal preparado en muchos de los casos. “No siempre se cuenta con monitores y monitoras que estén preparados para atender una determinada discapacidad”, asegura Álava. La clave radica en que las personas encargadas del cuidado de los menores deben conocer la discapacidad pero también la casuística del niño o niña. Según explica la experta, hay que elaborar “un traje a medida” para cada menor.

Esta falta de personal puede afectar a todos los menores que participan en la actividad en cuestión. José Paredes, trabajador social de la Asociación Niños con Amor (Andalucía), explica que “integrar en un campamento de verano a varias personas con discapacidad sin que los monitores tengan formación es complicado y puede repercutir en el resto de compañeros”.

ANTECEDENTES DE DISCRIMINACIÓN

Esta falta de personal es la que impidió que dos niños de Palma de Mallorca fueran a un campamento de verano en 2019, como acostumbraban en años anteriores. Solo pudieron acudir 15 días en vez del mes completo. Entonces, el diario 'El Mundo' publicó que un cambio de normativa implantado meses antes obliga a que en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil en las que participen personas con discapacidad o necesidades especiales haya personal cualificado.

Si el grado de discapacidad es del 33% al 64% se requiere una persona con titulación adecuada y preparación para cada cinco menores, y si está entre el 65% y el 74% es necesaria la presencia de un profesional por cada tres menores. En aquellos casos en los que la discapacidad supere el 75%, se requiere un profesional para cada menor con discapacidad. Cumplir estos ratios supone un coste para las empresas o los centros que promueven estas actividades, que tienen que limitar el número de plazas destinadas a los menores con discapacidad.

Ambos niños de este caso tenían seis años, pero diferentes circunstancias: autismo y una discapacidad del 35% en un caso y parálisis cerebral y una discapacidad del 90% en el otro caso. Con esta nueva normativa, para que los dos niños pudieran ir al campamento de verano, eran necesarios un mínimo de dos monitores. Pero la organización sólo disponía de uno, por lo que las madres acordaron repartirse los días.

No es el único caso. Otra madre, que contó su experiencia en redes sociales y cuyo testimonio recogió Radio Televisión Española (RTVE), también tuvo que lidiar con la discriminación. En el verano de 2022, en el centro que organizaba el campamento de verano le dijeron que no podían admitir a su hijo pese a que quedaban plazas libres en su franja de edad. “Me dijeron que no había personal para atenderlo y que no iba a disfrutar de las actividades. No me dieron alternativa”, denunció en un tuit.

EL COSTE ECONÓMICO

Los campamentos de verano y actividades extraescolares son, para muchas familias, una herramienta para la conciliación familiar. Pero el elevado coste económico y el reducido número de plazas ofertadas para los menores con discapacidad supone una traba para las familias. “Es complicado conciliar en verano con los niños y niñas sin discapacidad, pero cuando hablamos de menores con discapacidad se complica mucho más porque es difícil encontrar un campamento o una actividad en la que realmente puedan participar por la falta de medios, recursos y formación”, subraya Silvia Álava.

Pero no únicamente la conciliación durante las vacaciones. Los núcleos familiares con personas con discapacidad pueden presentar dificultades en situaciones tan cotidianas como ir al cine. José Paredes comenta que, entre los servicios de su asociación, se encuentra el cuidado de personas con discapacidad por horas. “Eso conlleva un coste económico y no todo el mundo puede permitírselo”, reconoce.

Más allá del impacto en el bolsillo de las familias y las posibilidades de conciliación, estos casos de discriminación pueden suponer un perjuicio directo en el menor. “Puede tener un impacto muy fuerte en su estabilidad y bienestar emocional, acarreando una serie de emociones muy desagradables como sensación de desprecio o rechazo”, asegura la psicóloga infantil Silvia Álava. Estas situaciones pueden afectar a su estado de ánimo y, según explica la experta, generar problemas relacionados con ansiedad y depresión porque pueden sentir que no forman parte del grupo y que hay muchas actividades que no están pensadas para él.

También puede tener efectos negativos en la seguridad y autoestima del menor. “Es muy complicado para un niño entender que no puede ir porque [las actividades] no están preparadas para que vaya. Puede pensar que él está mal o es defectuoso”, asegura la psicóloga infantil.

En definitiva, esta discriminación les arrebata la oportunidad de desarrollase de forma íntegra y plena con sus iguales. “No solo con los niños y niñas que puedan tener una discapacidad como ellos, sino también con menores que no la tienen”. Por ello, la experta indica que sería recomendable trabajar la inclusión de los menores con discapacidad desde la integración. “Les vendría muy bien, no solo a los niños y niñas con discapacidad, sino directamente a todos para que puedan ser mucho más empáticos y respetuosos”, asegura.