Durante su intervención ante el Pleno del Ayuntamiento, Martínez aseguró que este acuerdo, que se concretará en un protocolo que firmarán el ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, logra el equilibrio entre todos los intereses legítimos encontrados, los del ministerio, al que el Plan General confiere unos derechos urbanísticos lucrativos, y los del ayuntamiento, que tiene unas necesidades dotacionales en los distritos de Latina y Carabanchel.

El Pleno rechazó hoy la propuesta de IU de modificar el Plan General Urbanístico en el ámbito de la cárcel para que todos los terrenos se destinen a uso dotacional y no se construyan viviendas; y aprobó, sin embargo, con los votos de PP y PSOE, una moción de urgencia que recoge el contenido del acuerdo alcanzado con el ministerio.

Para Martínez, el acuerdo, después de 10 años de paralización del proyecto, es "una buena noticia". Reconoció el esfuerzo de todas las partes en una negociación que calificó de "larga y compleja" y valoró también la labor reivindicativa de los vecinos.

Martínez aseguró que la pretensión de IU de que todos los terrenos se destinen a equipamientos básicos hace inviable el acuerdo, ya que el Plan General otorga un derecho urbanístico al propietario del suelo, es decir, al ministerio. En este sentido, reconoció el esfuerzo de Interior de rebajar a la mitad sus pretensiones de edificabilidad lucrativa, al construir sólo 650 viviendas y no las 1.300 planteadas inicialmente.

Además, Martínez pidió a IU que frente a su planteamiento "ideologizado" sobre la cárcel que albergó estos terrenos durante la dictadura, valore el consenso y la propuesta "realista" acordada entre el ayuntamiento e Interior, que permitirá construir un hospital público que Latina y Carabanchel necesitan, una escuela infantil y un centro de mayores, entre otros equipamientos.

En la misma línea, el portavoz socialista, David Lucas, mostró su satisfacción por el acuerdo, que calificó de "bueno", y valoró el "gran esfuerzo" del ministerio al reducir a la mitad el número de viviendas. Lamentó que hayan tenido que pasar 10 años para alcanzar el acuerdo y destacó que haya tenido que ser un gobierno socialista el que haga posible el desarrollo de los suelos de la antigua cárcel.

Lucas mostró su deseo de que a partir de este momento el desarrollo del proyecto se lleve a cabo "cuanto antes" para que se pueda construir un centro de la memoria histórica y la paz en los terrenos para recordar a los represaliados políticos durante la dictadura, además de un hospital público "de gestión pública", según insistió, y otros equipamientos.

DEVOLVER TODO EL SUELO A LOS CIUDADANOS

Por su parte, el portavoz de IU, Ángel Pérez, volvió a rechazar la construcción de viviendas en los terrenos y dijo que la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de la injusticia que supuso la cárcel, "un gran monumento a la represión que la dictadura hizo en Madrid", hace necesario devolver todo el suelo a uso público.

Pérez exigió la construcción de un hospital de gestión pública y "no lo que está haciendo Esperanza Aguirre, que entiende que un hospital público es aquel al que puede entrar la gente", un centro de mayores y un museo de la memoria histórica y la paz, entre otros equipamientos. Criticó la moción de urgencia presentada por PP y PSOE cuando ha habido mucho tiempo para negociar, utilizando el tema de los carriles-bici que se había discutido antes y diciendo en tono gracioso: "cómo para venir en bici, si vengo en bici me encuentro ya el hospital privatizado".

En declaraciones a Servimedia, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Nacho Murgui, que estuvo en el Pleno del Ayuntamiento, rechazó que parte del suelo de la antigua cárcel se destine a viviendas. Al igual que IU, reclamó que todos los terrenos se dediquen a uso dotacional y que si se construye un hospital sea de gestión publica y no privada "como están hablando, que ya estamos viendo los resultados que están teniendo en otros sitios".