La posición sobre este asunto será decisiva para esclarecer el futuro procesal del expresidente de la Generalitat de Cataluña y de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, todos ellos prófugos de la justicia española.

En concreto, Llarena se dirigió al TJUE después de que las autoridades belgas rechazaran la entrega del también exconseller Lluis Puig para pedir que la justicia europea dejara meridianamente claras las razones a las que se pueden acoger los tribunales de cualquier miembro de la Unión para denegar una euroorden.

El magistrado espera a la decisión del TJUE para decidir el futuro de las órdenes de entrega que ha librado, de manera que tras el pronunciamiento de la justicia europea tomará una decisión sobre si mantiene o retira las euroórdenes vigentes o si emite unas nuevas.

El Tribunal Supremo y el propio instructor del ‘procés’ vienen sosteniendo que Bélgica ha excedido sus competencias al rechazar las entregas, dado que las euroórdenes no son más que un mecanismo de cooperación entre los miembros de la UE que funciona de acuerdo a los principios de “reciprocidad y reconocimiento mutuo de las resoluciones”.

A la vista que se celebrará el próximo martes en la sede del TJUE de Luxemburgo asistirán los fiscales del Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, que fueron dos de los que ejercieron la acusación en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo y una representación de la Abogacía del Estado. Todos ellos defenderán la validez de esas euroórdenes.

Esa vigencia fue motivo de controversia, precisamente porque la Abogacía del Estado comunicó al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de que esas órdenes de entrega no estaban activas, cuando si se encontraban en vigor en lo que se describió en ese momento como un error debido a un “desajuste de información” con el magistrado instructor.

Además, asistirán a la vista, la representación de Vox, que ejerció la acusación popular en el juicio del 'procés', la defensa de la media docena de reclamados por la justicia española y representantes de Rumania y Polonia que apoyarán la interpretación de la justicia española.

Llarena presentó la cuestión prejudicial tras la negativa de Bélgica a entregar a Lluis Puig a España por entender que el TS no era competente para juzgarlo por el delito de malversación que le imputaba. Y pregunta al TJUE si los tribunales que reciben la petición pueden decidir sobre la competencia del órgano judicial que los reclama. España sostiene que la normativa comunitaria no reconoce esa facultad puesto que este mecanismo de cooperación se basa en la confianza mutua.

El hecho de que esta cuestión prejudicial estuviera aún pendiente, es lo que motivó que la Corte de Apelación de Sassari (Cerdeña) no ejecutara la entregas de Puigdemont tras su detención en el aeropuerto de Alghero. Los reclamados por España además del expresident son Clara Ponsatí, Lluis Puig, ToniComín, Anna Gabriel y Marta Rovira.