El cónclave tendrá lugar en el Hotel Palacio de Buenavista de la capital castellanomanchega y será inaugurado este miércoles a las 10.00 horas por la secretaria de Estado de Seguridad junto al presidente de Interpol, Lucas Philippe, y el secretario general de la organización, Valdecy Urquiza. La clausura correrá a cargo del titular del Interior el jueves a las 17.30 horas. Al encuentro también asistirá el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.

Durante dos días, los representantes de los países europeos tratarán sobre los diferentes retos y amenazas a la seguridad de cara a reforzar la cooperación policial, poniendo el foco en la lucha contra las redes de delincuencia organizada, el abuso sexual infantil en la Red, la ciberdelincuencia, la lucha contra los centros de estafas, las amenazas emergentes de drogas en Europa y la trata de personas. Junto a ellos también estarán el vocal miembro del Comité Ejecutivo de las Américas, el canadiense Liam Price, y representantes de Australia, Brasil y Benín.

España, que se unió a Interpol en 1928, cuenta desde marzo con una policía al frente de la Dirección de Contraterrorismo, la comisaria principal Carmen Muñoz, quien hasta entonces era la jefa de la Oficina Central Nacional (OCN) de la organización en Madrid, el único órgano de interlocución con la Secretaría General de Interpol. Entre las funciones de Muñoz está la de liderar, desarrollar y coordinar al personal y los recursos para satisfacer las necesidades operativas de los 196 países miembros, relacionadas con la prevención y el desmantelamiento de las redes terroristas, las amenazas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas (NRBQ) y los desafíos de la seguridad marítima, tal y como destacó Interior el día que fue nombrada.

"INMUNIDAD"

Para garantizar la seguridad de esta cita, la ciudad de Toledo estará blindada por un dispositivo de seguridad que incluye a cerca de 200 efectivos de la Policía Nacional, además de agentes locales. Asimismo, el Gobierno aprobó la pasada semana la aplicación provisional del acuerdo suscrito entre España e Interpol sobre privilegios e inmunidades para los miembros de la organización.

El objetivo es, tal y como se explicaba en la referencia del Consejo de Ministros, establecer "unas normas claras y armonizadas" que regirán la presencia de funcionarios y las actividades de Interpol en el territorio español, "incluyendo situaciones de emergencia, reduciendo los riesgos jurídicos, dando protección al personal asistente y garantizando que este pueda recibir la ayuda oportuna".

Estos "privilegios e inmunidades" se conceden "únicamente" para garantizar "el adecuado desarrollo de la 53ª Conferencia Regional Europea y quedan limitados al tiempo necesario para su organización y celebración", subrayó el Ejecutivo.

Interpol es una organización internacional que cuenta con 196 países miembros y cuya función es la de apoyar a las policías de esos estados a colaborar entre sí para luchar contra la delincuencia de todo tipo. Una de las claves de esa cooperación es el intercambio de información sobre delitos y delincuentes. De hecho, cuentan con las denominadas 'notificaciones rojas' ('red notice'), que son solicitudes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todo el mundo para localizar y detener a delincuentes. En el caso de España, ocho personas figuran en esa lista, entre ellas Antonio Anglés, buscado por el asesinato de las niñas de Alcàsser en 1992.