En declaraciones a la prensa tras visitar la Oficina de Extranjería de Las Palmas de Gran Canaria, Torres advirtió no obstante que “estas alegaciones no paralizan el proceso”.

“Como en todo procedimiento administrativo, existe la posibilidad de que se presenten alegaciones”, explicó, pero estas “no suponen su paralización” ni, por tanto, pueden impedir los traslados.

Según Torres, “estamos realizando un arduo trabajo" para que los menores que están llegando puedan ser trasladados a la península en los plazos establecidos, tras la declaración de la contingencia migratoria de emergencia en Canarias, Ceuta y Melilla. Esta contempla "dos pasos", prosiguió, en función del momento de llegada de los menores.

Para aquellos que llegaron antes de la declaración de contingencia migratoria, hay “un plazo de un año, hasta marzo de 2026, y un proceso administrativo de cuatro meses, para que sean distribuidos en el conjunto del país”, señaló. Precisó que Canarias ya ha enviado expedientes que “se están analizando, para ver si falta documentación”.

"PLAZOS EXPRÉS"

Añadió que caso distinto es el de los menores que arriban a los territorios en contingencia migratoria una vez declarada esta. Aquí “hay un plazo exprés, con menos días”, puntualizó, para que “una vez que ese menor ya está en el registro del ministerio del Interior, se le haga una entrevista”, se envíe el expediente a la Fiscalía para que emita su informe y también se remita a la Comunidad Autónoma de destino.

“Si así lo considera”, esta “puede presentar alegaciones”, y afirmó que este plazo concluye a finales de la semana que viene para Canarias. Torres destacó que el Gobierno central, junto con el Ejecutivo canario y la Fiscalía, están trabajando para que estos expedientes estén completos.

PROBLEMAS CON EL PP

A su juicio, “donde sí tenemos problemas es en las comunidades del PP, que son las que están alegando los destinos”. “Ahí sí hay un problema”, y rechazó dificultades con la documentación, en respuesta a preguntas de los medios.

“Tengo que decir que solo comunidades del PP han sido las que han alegado, una vez que se les ha dicho que ‘este menor, con nombre y apellido, va a ir a su territorio”, subrayó Torres. Admitió que esta posibilidad está contemplada en el procedimiento, aunque no lo paraliza.

Con todo, Torres dijo estar “convencido de que finalmente van a ser recibidos como tienen que ser recibidos, como seres humanos que están asignados en territorio frontera y que tienen que tener una respuesta justa y solidaria”.