Torres lanzó este mensaje durante el debate previo a la votación para convalidar el real decreto-ley que modifica la Ley de Memoria Democrática para indemnizar a las familias de las personas que hayan fallecido o de quienes hayan sufrido lesiones de incapacidad por realizar actividades de defensa y reivindicación de la democracia. Establece, además, ampliar el periodo histórico que cubre la ley para reconocer a las víctimas.

Durante su intervención, el ministro destacó que, gracias a esa lucha "en muchos casos clandestina", hoy existe un "sistema democrático, que es mejorable", pero "incomparablemente mejor que la ominosa dictadura que lo precedió". El real decreto-ley introduce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 250.000 euros, a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa de las libertades y los derechos democráticos entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte.

Se considera víctima a toda persona que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el mencionado periodo.

Entre los beneficiarios de la indemnización a hijos y cónyuge o quienes convivieran con la persona fallecida con una relación de afectividad, en caso de no existir, se pasaría a padres, nietos, hermanos e hijos de estos, siempre que, por los mismos hechos, no se haya recibido otra indemnización. Como condición, no podrán recibirlas aquellas personas que hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas.

Además, se añade la posibilidad de la concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes hubieran sufrido lesiones incapacitantes actualizándose las cuantías a 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y a 500.000 euros en caso de gran invalidez.

Durante el debate, el BNG puso de manifiesto que estas medidas deberían haberse incorporado antes a la Ley de Memoria Democrática" desde antes, mientras que desde Podemos se considera que no son suficientes y que el real decreto llega tarde.

Tanto Sumar, como PNV, ERC y EH Bildu se posicionaron a favor de la reforma. Por el contrario, Junts entiende que es "insuficiente y continuista" y que mantiene la "impunidad de los crímenes franquistas".

En cuanto a la opinión de Vox, estos rechazaron el decreto diciendo que es otra "mentira histórica" del Gobierno ya que las medidas solo buscan un relato oficial que divide a los españoles. Además, criticó que las indemnizaciones a quienes luchaban por una democracia liberal, sino por "una democracia revolucionaria". El PP lo tildó de "despropósito jurídico" y "fraude procedimental", Vox lo rechazó.