Menores
Torres precisa que la Fiscalía de menores tendrá que hacer cumplir la ley si alguna comunidad desacata los traslados
- Niega haber amenazado con la intervención de las fuerzas de seguridad
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó este jueves que no le “cabe en la cabeza que ningún presidente autonómico” se niegue a acatar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establece los traslados automáticos de menores migrantes entre comunidades cuando el sistema de protección a la infancia de alguna de ellas alcance el triple de su capacidad ordinaria, y aclaró que, de hacerlo, el hecho se trasladaría automáticamente a la Fiscalía de menores.
En una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, Torres precisó que los menores, “no solo los migrantes, son una competencia autonómica”. Por eso, en caso de que se incumpliese (esta ley), “automáticamente la Fiscalía de menores tendría que actuar”. “Es el mecanismo que está reglado”, resaltó.
Con todo, insistió en que no contempla tal hipótesis –“no me cabe en la cabeza”, aseguró--, y aseveró que él “nunca” había amenazado con la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ante la insistencia en la pregunta, señaló que él simplemente expuso "lo que tendría que suceder según lo establecido".
SIN SENTIDO
El ministro tachó de “sin sentido” la actitud del Ejecutivo balear, que por un lado ha anunciado que recurrirá el real decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de cada comunidad (a este territorio tendrían que llegar 39) y, por otro, avisó de que pedirá ser declarada en contingencia migratoria de emergencia. “Este es el primer paso para activar las derivaciones automáticas de menores” e implica que las comunidades acrediten que su sistema se halla al triple de su capacidad ordinaria.
De momento, Baleares no certifica tal condición, apuntó Torres, aunque sí podría llegar a ello. Por eso, consideró “paradójica y un sin sentido” su actitud, igual que la de otras muchas comunidades .
De hecho, “el PP tiene responsabilidades de Gobierno en Ceuta, Canarias y Melilla”, que sí se encuentran en esta situación. “También en Baleares”, prosiguió, “donde las llegadas de migrantes están subiendo”. “Esta ley les ofrece un mecanismo jurídico al que poder acogerse”, recalcó.
En cuanto a la petición de Andalucía de “ser declarada territorio frontera”, Torres aseguró “no entender” a qué se refiere la Junta con dicha demanda. “No sé qué quiere decir con ello”, y aclaró que la fórmula que la nueva norma establece para calcular las reubicaciones de menores tiene en cuenta el total de la población de cada territorio y los menores migrantes atendidos (además de otros factores correctores).
CUESTIÓN OBJETIVA
Andalucía tiene una población de 6 millones de habitantes y, en función de este criterio, “le corresponde una ratio determinada”. “Es una cuestión objetiva, que certifican los propios funcionarios autonómicos”.
Señaló que en 2018, Andalucía acogía a la mitad de los menores no acompañados llegados a España, y que “entonces pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que interviniese. Así, se activaron mecanismos de solidaridad voluntaria que "no funcionaron”. Por eso, hemos sacado adelante esta reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, prosiguió, a fin de garantizar “una solidaridad territorial obligatoria, que es justa y responde a una necesidad de país”. En la actualidad, las rutas migratorias han cambiado y Andalucía "atiende a muchos menos niños no acompañados”.
En su opinión, ni Cataluña ni País vasco están siendo privilegiadas en este reparto, ya que acogen a muchos más menores de los que les corresponderían según su capacidad.
Preguntado por el cierre del centro de acogida de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Torres repuso que la cuestión “se contesta por sí sola”. “Si los migrantes vienen de África, se les ponen todos los muros”. “No entiendo por qué se piden todos los permisos y las licencias” para acoger a ciertos menores y “en otros casos, como en el de los refugiados de Ucrania, se pusieron todas las facilidades”. A su juicio, “esto deja en evidencia a la Comunidad de Madrid”. No quiso calificar la medida, aunque consideró que “la gente es lo bastante inteligente como para darse cuenta”.
(SERVIMEDIA)
28 Ago 2025
AGQ/mjg