Esta es una de las conclusiones del 16 ‘Observatorio trimestral del mercado laboral’, coordinado por los economistas Florentino Felgueroso, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y Rafael Doménech, de BBVA Research, y en el que también participaron Juan Ramón García (BBVA Research), Marcel Jansen (Universidad Autónoma y Fedea) y Analía Viola (Fedea).

Para el cálculo de la población inmigrante en situación irregular, Fedea y BBVA Research han tenido en cuenta que la diferencia entre la población ocupada en la Encuesta de Población Activa (EPA) y los afiliados a la Seguridad Social repuntó desde 2020 y alcanzó máximos en 2024–2025. Además, uno de los signos de que la diferencia entre la ocupación de la Seguridad Social y la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja buena parte de la contratación irregular es que más del 80 % del diferencial actual entre ambas fuentes se concentra en personas de nacionalidad extranjera.

Por territorios, Cataluña y Comunidad de Madrid han ganado peso en la distribución de la población ocupada en situación irregular hasta representar la mitad en 2024. En términos relativos, las regiones más afectadas proporcionalmente son Comunidad Valenciana, Canarias y Extremadura.

Asimismo, este informe señala que la población asalariada explica en torno al 90% del empleo irregular, mientras que entre los autónomos, el diferencial entre población ocupada y afiliada es más volátil.

Este Observatorio se ha realizado con los datos disponibles hasta diciembre de 2025 y refleja la mejora en la creación de empleo en los últimos meses del año, aunque se moderó en la Comunidad Valenciana, región a la que dedica un apartado específico en esta ocasión.

No obstante, avisa de que la afiliación a la Seguridad Social anticipa un menor dinamismo del empleo en el primer trimestre de 2026, tanto en España como en la Comunidad Valenciana. Las personas asalariadas explicaron el crecimiento de la ocupación. Por el contrario, el empleo por cuenta propia descendió tras avanzar en los cuatro trimestres anteriores.

La creación de empleo fue generalizada por nacionalidad y grupo de edad. Este resultado, inédito desde 2019, estuvo liderado por la población española. La población activa también aceleró su ritmo de subida. Por primera vez desde 2021, la población de nacionalidad española fue la responsable del aumento debido, sobre todo, al ascenso de la tasa de actividad.

Por otra parte, tanto el empleo como la jornada laboral contribuyeron al incremento de las horas trabajadas. Con todo, el tiempo de trabajo por persona ocupada fue menor que el registrado antes de la pandemia debido, sobre todo, al repunte de la población ocupada que no trabajó por enfermedad, accidente o incapacidad.

En paralelo, por segundo trimestre consecutivo, el producto interior bruto (PIB) por persona ocupada no varió y continuó por debajo de los registros anteriores a la pandemia. El crecimiento del margen intensivo fue insuficiente para contrarrestar el deterioro de la productividad por hora trabajada.

Ello, mientras la creación de empleo y el descenso de la parcialidad involuntaria redujeron la infrautilización de la mano de obra y la incidencia del paro de larga duración tanto en la Comunidad Valenciana como en el conjunto de España. Finalmente, el crecimiento de los costes laborales cobró impulso en un contexto de estabilidad de la tasa de vacantes.