Responsables de UGT aseguraron a esta agenia que la única razón por la que Trabajo autorizó el expediente en todos los centros de trabajo solicitados por Ercros, fue la de "no llevar la contraria" al Ministerio de Industria, cuyos responsables se habrían comprometido con los propietarios de Fesa-Enfersa, Torras-KIO, a facilitar las regulación de 1.017 empleados a cambio de una "inyección" de 4.000 millones de pesetas.

Los dos expedientes en los que las centrales tienen constancia de la oposición planteada por responsables provinciales de Trabjo en sus respectivos informes preliminares son el de Nitratos de Castilla (Nicas), en Valladolid, y el Centro de Investigación y Desarrollo (I+D) de Fesa en Huelva.

Para dejar constancia de la oposición sindical a la medida de Trabajo, UGT y CCOO han presentado un recurso de alzada ante el propio ministro, Luis Martínez Noval, en el que expresan su protesta por el expediente y aseguran que la regulación de empleo, a pesar de ser por la mitad del tiempo que solicitó Torras-KIO (3 meses), no era necesaia.

A juicio de los responsables sindicales consultados, "lo que necesita Fesa-Enfersa es un socio capitalista con pretensiones industriales que ponga en marcha la empresa, y no unos dueños cuyos únicos objetivos son la inversión financiera y especulativa".

El pasado 1 de setiembre entró en vigor el expediente de regulación de empleo que afecta a 172 puestos de trabajo en Fesa, 81 en Enfersa, 308 en la fabrica de fertilizantes de Puertollano (Ciudad Real), 100 en la de el Hondón (Murcia) y 29 en l centro de investigación de Huelva.

Los sindicatos ya presentaron, a primeros de setiembre, varias alegaciones a la documentación presentada por la empresa para aplicar la suspensión temporal de empleo, y que fueron aceptadas por las autoridades laborales, como la posibilidad de que la medida afectara a cualquiera de los trabajadores en plantilla, independientemente de que fueran delegados sindicales o no.

Además, los sindicatos han fomentado la presentación de recursos entre los trabajadores afctados por entender que la empresa cometió irregularidades al pedir a los empleados sometidos al expediente una autorización para darles de baja en la Seguridad Social, a pesar de que ni la empresa ni la regulación la eximen de seguir pagando las cuotas correspondientes.