Así lo manifestaron fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, después de que el pasado miércoles el Congreso tumbara el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral con el voto de Junts, PP y Vox.

La norma contenía tres patas: la rebaja de 40 a 37,5 horas semanales del tiempo máximo de trabajo, la regulación de la desconexión digital y el refuerzo del control horario. Este último apartado es el único que, con alguna limitación, puede ser legislado vía reglamento, por lo que no se necesita ningún tipo de votación parlamentaria.

Las fuentes de Trabajo consultadas reconocieron que existen limitaciones, porque no se puede ir más allá de lo que permite una ley de rango superior y que, por ejemplo, no se podrán endurecer las sanciones como sí recogía el proyecto de ley. En cualquier caso, no restaron importancia a este reglamento que Trabajo sacó a fase de información pública la pasada semana, porque si se aplica un registro horario realmente fiable, la jornada laboral de muchos empleados se reducirá más, cuantitativamente hablando, que con la rebaja a 37,5 horas semanales, debido al “fuerte” incumplimiento del máximo de 40 horas semanales vigente.

De hecho, desde el Ministerio recordaron que la ley del teletrabajo actual, aprobada en 2019, establece que se apruebe un reglamento para desarrollar en mayor medida su contenido, lo que no ha ocurrido hasta ahora y que, por tanto, da perfecto encaje legal al movimiento de Yolanda Díaz tras el revés parlamentario de la ley de la reducción de jornada.

MECANISMO FIABLE

“La idea del registro es que logremos poner una forma fiable, no alterable y fácilmente constatable de cuáles son las jornadas que se están haciendo en las empresas españolas. Eso producirá una rebaja del tiempo efectivo de trabajo”, explicaron desde el Ministerio, desde donde se marcan como objetivo que al igual que las compañías han entendido con la reforma laboral que si se realizan contrataciones temporales injustificadas “te van a pillar”, sucederá lo mismo si se incumplen los tiempos máximos legales de la jornada laboral.

Además, indicaron que es clave que sean sistemas interoperables por la Inspección de Trabajo, porque se han llegado a dar casos en los que para poder acceder a la información del registro, se han tenido que sacar ordenadores de las empresas. Igualmente, manifestaron que hoy no tiene sentido escandalizarse por ello, dado que, por ejemplo, en seguridad vial se ha normalizado que ya puede llegar una multa con una fotografía de un radar sin necesidad de que alguien imponga la sanción en persona al conductor.

En cuanto al contenido del reglamento, se pretende plantear en positivo en aspectos como el no uso del papel, lo que no hace falta prohibir con palabras si se obliga a que el sistema sea digital e interoperable. Además, deberá recoger todos los asientos del empleado, es decir, no solo la entrada y la salida, sino también la pausa para la comida, por ejemplo. Y no solo podrá ser consultado por la Inspección, sino también por el trabajador y por la representación legal de los mismos.

Estas fuentes no desecharon por completo la idea de que se pueda estudiar la creación de una herramienta digital para el registro de jornada, aunque basta con que la que se emplee en las empresas permita que sea interoperable y segura. De la misma forma, comentaron que son conscientes de que hay excepciones en el modo de registrar la jornada en determinadas actividades, como el empleo doméstico.

RECHAZO DE CEOE

Por otra parte, en el Ministerio dieron por descontado que el reglamento se enfrentará a impugnaciones en los tribunales y recordaron que la CEOE ya judicializó el decreto de los planes de igualdad en las empresas por establecer que eran los sindicatos los que los tenían que negociar en representación de los trabajadores.

No obstante, incidieron en que confían en su propia técnica legislativa y resaltaron que,en casos como el de los planes de igualdad, los tribunales no dieron la razón a la patronal. Eso sí, reconocieron que tendrán que tener muy en cuenta aspectos como el cumplimiento de la Ley de protección de datos.

En este punto, desde Trabajo descartaron abrir una mesa de diálogo social con sindicatos y patronal, por cuanto es un tema que se dialogó durante 11 meses con los agentes sociales en el marco de la ley completa de la reducción de la jornada laboral.

Del mismo modo, negaron que haya “ninguna diatriba” interna entre la parte de Sumar y la socialista en el Gobierno de coalición, especialmente con los ministros de Hacienda y Economía, María Jesús Montero y Carlos Cuerpo, respectivamente, como sí sucedió con la reducción de la jornada. En este caso, según Trabajo, todo el Ejecutivo es consciente del fraude y el perjuicio que supone el hecho de que en España se realicen tantas horas extra sin remunerar (unas 2,5 millones semanales, según datos del Instituto Nacional de Estadística).

Sobre los plazos para que el reglamento con el nuevo registro se materialice en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estas fuentes no ofrecieron marcos temporales, dado que hay elementos que no dependen del departamento dirigido por Yolanda Díaz, como los informes que deben emitir organismos como el Consejo de Estado antes de la aprobación definitiva en Consejo de Ministros.

La costumbre legislativa marca que un reglamento no tarda menos de cuatro meses en ser aprobado definitivamente, y eso yendo muy rápido, según estas fuentes. En consecuencia, su entrada en vigor ya no se producirá hasta el próximo año, con toda probabilidad.