En concreto, desde el Ministerio de Trabajo resaltaron la necesidad de delimitar cuáles son los requisitos para que una entidad sea considerada como banca ética porque supone una mayor transparencia de cara a la ciudadanía.

La norma, además, no busca señalar a entidades que no pertenecen a la banca ética, sino que persigue resaltar aquellas que sí actúan con respeto a una serie de parámetros que respetan los derechos humanos, la sostenibilidad o que no invierten en ámbitos como armamento para favorecer la guerra. De hecho, las fuentes consultadas dejaron la puerta abierta a que incluso en el futuro se pueda crear un sello para distinguir en positivo a organizaciones de finanzas éticas.

Desde Trabajo defendieron que los clientes de un banco tienen derecho a saber en qué invierten su dinero las entidades financieras, puesto que se sabe que hay organizaciones que lo hacen en cuestiones como el ‘negocio de la guerra’. Por ello, dieron por hecho que la banca convencional se va a sentir impugnada con esta norma, ya que al poner el foco en quienes cumplen, se interpela de forma pasiva a quienes no lo hacen.

Por ello, estas fuentes de Trabajo se mostraron satisfechas por haber solventado las reticencias iniciales del Ministerio de Economía, para lo que ha habido semanas de negociación antes y después del verano entre los equipos de Díaz y de Carlos Cuerpo. Esas diferencias pasaron, sobre todo, porque Economía prefería no regular este aspecto de las finanzas éticas en el marco legislativo de la economía social, según Trabajo.

El real decreto no tendrá que pasar por el Parlamento y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque en el Ministerio no concretaron plazos concretos para que se apruebe en Consejo de Ministros, por cuanto primero se deben efectuar diferentes trámites obligatorios, como dictámenes de diferentes organismos. El texto concluyó este miércoles la fase de audiencia pública, en la que patronales bancarias presentaron alegaciones.

Entre los criterios que tendrán que cumplir las entidades para ser consideradas banca ética se encuentran priorizar el impacto social y ambiental positivo sobre la maximización del beneficio; reinvertir el 75% de sus beneficios, excedentes cooperativos o beneficios extra cooperativos en el reforzamiento patrimonial de la propia entidad y en la creación de fondos específicos para favorecer la financiación de proyectos de alto impacto social para los que puedan necesitarse garantías especiales, y prestar especial atención a la conexión de crédito a quienes más dificultades tienen para acceder a financiación en entidades ordinarias (zonas rurales o mujeres, por ejemplo).

También deberán garantizar una gobernanza democrática; que los directivos de la entidad no puedan cobrar más de siete veces el salario más bajo de la plantilla; no financiar actividades incompatibles con los principios éticos, sociales y medioambientales, como la industria armamentística, la falta de acceso a vivienda asequible, el sector del juego y los combustibles fósiles.

El texto señala como banca ética a las cooperativas de crédito, de servicios financieros o que tengan un área de servicios de crédito; fundaciones que desarrollen acciones de financiación desde la economía social, y asociaciones que promuevan la concesión de ayudas reintegrables a colectivos en riesgo de exclusión financiera.

El Ministerio de Trabajo encuadró esta norma en la apuesta que están realizando por favorecer la responsabilidad social de las empresas y garantizar que se reconozcan iniciativas que lo son de verdad y no que pertenecen solo al marketing.

Finalmente, elogiaron el papel de la economía social en España, que supone el 10% del producto interior bruto (PIV), así como la función que ha cumplido el Perte de los Cuidados y la Economía Social para impulsar proyectos en esta materia en el marco del despliegue de los fondos europeos ‘Next Generation’.