En una entrevista concedida a Servimedia, Camps aseguró que "estamos prácticamente ultimando los trabajos" para que dicho reglamento sea una realidad.

El secretario de Estado explicó que en la Ley de Jubilación Gradual y Flexible se establecieron una serie de beneficios para las personas con discapacidad, con el fin de mejorar su integración en el mercado laboral y las posibilidades de abandono del mercado de trabajo.

Eas medidas trataban de recoger "algo que a todo el mundo le puede parecer muy normal, pero que no estaba en nuestros textos legales", como es el hecho de reconocer que los discapacitados "van a tener que abandonar el mercado laboral antes que las personas que no tienen ninguna discapacidad" ante el "deterioro" que su propia discapacidad les provoca.

Trabajo va a articular un sistema para que el acceso a la jubilación anticipada por parte de los discapacitados "se produzca sin pérdida de derecho, es deir, que la persona discapacitada pueda jubilarse antes, a una edad más temprana, pero exactamente como si se jubilara a los 65 años, o lo que es lo mismo, percibiendo la pensión que le corresponda al 100%, sin ningún tipo de reducción".

"Estamos acabando en estos momentos ya los estudios técnicos que teníamos que realizar para que el desarrollo reglamentario de esa medida sea realidad en nuestro país en los próximos meses", añadió el "número dos" de Trabajo.

Camps confió en poder dar una "alegría al Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) y, "principalmente, a todo el sector de personas con discapacidad de nuestro país y antes del verano ya contar con el desarrollo reglamentario en vigor",

Se trata de una medida que "a mí me parece de justicia y que, además, también va a ayudar mucho a la integración laboral de las personas con discapacidad", apostilló.

DEPENDENCIA

En cuanto a la creación de un seguro de atención a las personas dependientes, Camps auguró que antes de qe acabe la actual legislatura, en marzo de 2004, se habrá fijado el marco de atención a la dependencia.

En breve se va a poner en marcha una comisión, junto a comunidades autónomas, ayuntamientos y agentes sociales, para que se decida cuál debe ser el marco de atención a este colectivo, que bien pudiera ser una Ley Básica, como considera "más adecuado" el secretario de Estado, o un plan específico de atención a los dependientes que obligue a las administraciones a dar una serie de servicios.

"Al inal, lo importante será que antes de que acabe esta legislatura tengamos ya un sistema que hará que seamos capaces de atender las situaciones de ese tipo", dijo Camps.

Para ello habrá que movilizar recursos que "tendrán que ir a las familias, a las instituciones o a la esfera privada, para que seamos capaces de tener una red asistencial suficiente" para atender que cuenten con unos estándares comunes de calidad para todas las comunidades autónomas.

Pero, además, "también tendremos que garantizarque existan prestaciones económicas suficientes para que se pueda acudir a esa red asistencial, que no tiene por qué ser pública, y de hecho ya no lo es ahora".

Camps consideró que la iniciativa privada tiene "un importante papel que jugar, porque puede poner muchísimos medios y recursos" para atender a los dependientes.

El secretario de Estado resaltó que tanto la empresa privada como las ONG, las entidades sin ánimo de lucro o las fundaciones están esperando a que se fije el marco de atención alos dependientes para "volcarse" en este asunto y junto a las administraciones y los agentes sociales hacer que el sistema "funcione".