En un comunicado, Trablisa señaló que, ante la huelga, ha solicitado al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid que sea declarada “ilegal y abusiva por multitud de defectos formales y materiales”. La empresa subrayó que la convocatoria "vulnera el deber de paz social derivado de acuerdos previos”.

Trablisa consideró que la convocatoria de huelga “pretende alterar lo pactado en el convenio colectivo estatal de seguridad y en acuerdos específicos firmados con el comité de empresa, lo que constituye una huelga novatoria expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico”. También consideró esta huelga “desproporcionada” y que “busca generar presión en un servicio público esencial, coincidiendo además con la huelga que afecta al otro operador de seguridad del mismo aeropuerto”.

Por ello, la empresa interpondrá una demanda judicial y avisó de que “se reserva acciones por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar”. Además, instó a los trabajadores en huelga, que según dijo son 21 de los más de 850 que forman parte de la seguridad del aeropuerto, a que desconvoquen “de inmediato” la huelga y retomen el diálogo.

Trablisa recordó que la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha establecido servicios mínimos del 100% para la huelga, “una decisión de máxima relevancia” para “proteger derechos fundamentales como la seguridad y asegurar la continuidad de un servicio estratégico”.

La empresa reafirmó su “compromiso con la estabilidad del aeropuerto, con la seguridad de los pasajeros y con el respeto a las condiciones laborales pactadas”. Recordó que en los últimos meses se han implementado mejoras salariales y en las condiciones laborales de la plantilla como la aplicación del plus de productividad y la adecuación a las subidas recogidas en el convenio estatal 2023-2026 con un incremento del 16% de retribuciones.